El exmandatario sostiene que el memorándum carece de carácter vinculante y asegura que el país no tiene obligación legal de acatar sentencias de tribunales estadounidenses sobre ciudadanos de terceros países
El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, criticó de manera contundente el memorándum de entendimiento suscrito entre el Gobierno dominicano y los Estados Unidos para el recibimiento de deportados de terceras naciones. Fernández advirtió que la ejecución de este acuerdo representa una “violación de la soberanía nacional”.
Al concluir el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026, el exmandatario explicó que, desde una perspectiva estrictamente legal, el documento no tiene carácter jurídicamente vinculante. “No es oponible y, por tanto, no está sujeto a ejecución. Una sentencia es una expresión de soberanía y, si se trata de algo que no nos atañe, no estamos obligados a cumplirla”, sentenció.
Detalles del acuerdo cuestionado
El Gobierno dominicano, a través del canciller Roberto Álvarez, informó que el país recibirá mensualmente a un promedio de 30 deportados de terceros países procedentes de territorio estadounidense. Los puntos clave del acuerdo, que tiene una vigencia inicial de un año, incluyen:
- Permanencia: Los trasladados estarán en el país entre 7 y 15 días mientras se tramita su retorno definitivo.
- Financiamiento: Estados Unidos asumirá la totalidad de los costos de operación.
- Exclusiones: El canciller precisó que el mecanismo excluye a ciudadanos haitianos y a menores de edad no acompañados.
- Vigilancia: Las personas estarán bajo custodia permanente y contarán con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Debate sobre la soberanía
Pese a que el Ejecutivo defiende la medida como un acto de “facilitación” y cooperación logística, Fernández insistió en que no existe un compromiso legal previo que obligue a la República Dominicana a convertirse en puente de deportación para ciudadanos que no son nacionales.
La falta de una ubicación definida para albergar a estos extranjeros y la operatividad de su vigilancia han profundizado las dudas en diversos sectores políticos y sociales. El debate se mantiene abierto mientras la opinión pública cuestiona si la compensación económica de Washington justifica la implicación de la soberanía dominicana en procesos judiciales ajenos.
