La funcionaria Faride Raful revela que durante el transcurso de 2026 se han contabilizado 30 crímenes de esta índole, superando por siete casos el registro del ciclo anterior; aboga por una reestructuración de los planes preventivos
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, reconoció de manera pública que las políticas y los mecanismos de intervención desplegados por las diferentes instancias del Estado han resultado insuficientes para contener la ocurrencia de feminicidios en el territorio nacional. Asimismo, la funcionaria externó su preocupación ante el repunte estadístico que experimentan estos delitos de género en los primeros meses del año en curso.
Las declaraciones de la titular de la seguridad interna se produjeron al término de la sesión de trabajo semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, desarrollada en el Palacio de la Policía Nacional. Durante su comparecencia, Raful expuso que, a pesar de las mesas de articulación interinstitucional y de las disposiciones operativas vigentes, “hemos avanzado, pero al mismo tiempo también hemos fallado como sistema para dar respuestas en materia preventiva y lograr que muchas mujeres sean salvadas”.
La ministra catalogó cada pérdida humana como “una tragedia a nivel nacional y social”, puntualizando que su condición de mujer y madre profundiza el impacto de estos acontecimientos. En ese orden, recordó que una parte considerable de su carrera en la administración y la vida pública ha estado enfocada en la promoción de los derechos fundamentales de las mujeres y en la exigencia de que los órganos estatales provean salvaguardas reales frente a escenarios de vulnerabilidad.
Evolución de los indicadores y sucesos recientes
El balance cuantitativo expuesto por los organismos oficiales evidencia un deterioro en las métricas de seguridad para las mujeres. De acuerdo con los datos suministrados por Raful, en lo que va del año 2026 se han verificado de manera formal 30 feminicidios a nivel nacional. Al contrastar este indicador con el mismo intervalo temporal del año precedente —período en el que se cuantificaron 23 decesos—, se comprueba un aumento neto de siete víctimas mortales.
“Tenemos que seguir trabajando más, hacerlo mejor y, como sociedad, también tenemos grandes desafíos para respetar el derecho de las mujeres a tomar decisiones y garantizarles protección cuando levanten una voz de alerta”, manifestó de forma literal la funcionaria al analizar las tareas pendientes en la materia.
La problemática de la violencia machista ha tenido manifestaciones recientes en la provincia de Santo Domingo, donde la pasada semana se reportaron dos muertes por separado en el municipio de Santo Domingo Este. Una de las víctimas fue identificada de manera pericial como Indhira Carolina Beltré, de 33 años de edad, quien sufrió heridas mortales por arma blanca presuntamente infligidas por su cónyuge, Camilo Rodríguez, en un hecho ocurrido en el sector La Toronja; el imputado fue capturado con posterioridad por las patrullas policiales.
De igual forma, la ciudadana Esmeralda Moronta de los Santos, también de 33 años y madre de dos menores de edad, perdió la vida a causa de heridas por proyectil de arma de fuego propinadas por su antigua pareja sentimental, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, suceso que provocó consternación en los residentes de la periferia.
Revisión de las estrategias de protección
La ministra de Interior y Policía insistió en que la erradicación de esta conducta delictiva no puede depender de forma exclusiva de las persecuciones policiales o de los dictámenes de los tribunales de la República, sino que requiere transformaciones conceptuales y educativas profundas orientadas a establecer la equidad y desactivar la violencia desde las etapas de formación ciudadana.
Finalmente, Raful garantizó que los ministerios y direcciones integradas continuarán reforzando las labores de acompañamiento y protección inmediata a las denunciantes, aunque admitió de manera explícita que los indicadores fácticos imponen la necesidad de replantear los métodos de persecución y asistencia para mitigar que estas agresiones sigan afectando los fundamentos de las familias dominicanas.
