La red empresarial señala que cualquier reforma estructural debe garantizar la transparencia y proteger los avances alcanzados hacia una economía circular
La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) planteó que cualquier modificación a la Ley número 225-20, del 30 de septiembre de 2020, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (la cual fue modificada previamente por la Ley número 98-25), debe ser el resultado de un proceso de consulta amplio, transparente y rigurosamente fundamentado en criterios técnicos.
A través de una declaración institucional emitida por su presidenta, Christy Luciano, la entidad empresarial destacó que la normativa vigente representa una conquista nacional de gran trascendencia. La legislación fue estructurada tras más de diez años de labor coordinada y debates entre los sectores público, privado, académico y las organizaciones de la sociedad social, logrando unificar una visión país para la administración de los desechos.
“Por ello, cualquier reforma de alcance estructural debe preservar los principios de participación, transparencia y rigor técnico que caracterizaron su formulación”, manifestó el documento.
Ecored precisó que el marco legal actual estableció pilares sólidos para encaminar a la República Dominicana hacia un modelo sostenible de economía circular. En ese sentido, la organización indicó que la solución definitiva a los desafíos asociados al manejo de los residuos sólidos requiere una visión integral, enfocada en incentivar la innovación, ampliar las inversiones en infraestructura, fortalecer los mercados de materiales recuperados, promover la educación ciudadana y asegurar la corresponsabilidad de todos los actores de la cadena de valor.
La entidad empresarial consideró indispensable evaluar con objetividad los impactos económicos derivados de nuevas obligaciones regulatorias antes de su aprobación, señalando que la sostenibilidad ambiental y la competitividad de los sectores productivos son objetivos complementarios. Asimismo, destacó la importancia de garantizar mecanismos de gobernanza, transparencia e independencia en la administración de los recursos destinados a la gestión de residuos, con el propósito de fortalecer la confianza de los diferentes actores que participan en el sistema.
Finalmente, el comunicado precisó que la República Dominicana tiene la oportunidad de fortalecer su marco legal para impulsar una verdadera economía circular, resolver de manera sostenible los desafíos asociados a los residuos sólidos y promover simultáneamente la protección ambiental, la competitividad, la seguridad jurídica y la confianza institucional. Ecored reafirmó su disposición de aportar sus capacidades técnicas al proceso de reforma, convencida de que las mejores soluciones para el país se alcanzan mediante el consenso y la colaboración.
