El proceso priorizará los casos que ya estaban en revisión en la Contraloría al momento de entrar en vigencia la normativa
Santo Domingo.– La Comisión de Revisión de la Ley 16-26 aprobó el protocolo que regirá la aplicación de esa normativa y adoptó las primeras medidas para iniciar el proceso de reconocimiento y pago de deudas del Estado a contratistas por obras ejecutadas con o sin contrato formal.
La decisión fue adoptada durante la primera sesión de trabajo del organismo creado por la ley, el cual tiene a su cargo la revisión de reclamaciones presentadas por contratistas del Estado.
Según lo informado, el protocolo aprobado establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que se utilizarán para la revisión, evaluación y tramitación de los expedientes sometidos al amparo de la Ley 16-26.
El documento servirá de marco operativo para la implementación de la legislación y, de acuerdo con la comisión, busca garantizar reglas claras, uniformes y ágiles para el conocimiento de cada caso, preservando la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas.
La comisión dispuso además que el protocolo sea remitido a los veedores y a las instituciones comprendidas en la ley, con el objetivo de facilitar su correcta aplicación, así como los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas previstos en la normativa.
El organismo indicó que uno de sus objetivos inmediatos es crear las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para comenzar el proceso de pago de las deudas reconocidas por la ley.
En ese sentido, se informó que tendrán prioridad los expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la legislación, ya se encontraban en proceso de revisión en la Contraloría General de la República.
La comisión está presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, e integrada además por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
La entidad reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con los órganos de control y con los representantes de la sociedad civil que participan como veedores, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado bajo criterios de transparencia.
La Ley 16-26 impacta a contratistas que ejecutaron obras para entidades como los ministerios de Obras Públicas y Educación, así como para el Inapa, Indrhi, Caasd, la antigua Oisoe y otras instituciones del Estado.
La normativa fue aprobada con el objetivo de establecer un mecanismo de revisión y pago para reclamaciones relacionadas con obras ejecutadas y pendientes de regularización o compensación por parte del Estado dominicano.
