La Cámara de Diputados recibirá propuestas de gremios, universidades, sociedad civil y operadores de justicia para modificar disposiciones sobre ultraje a funcionarios, responsabilidad médica, difamación y medios de comunicación
Santo Domingo.– La Cámara de Diputados anunció que volverá a abrir la discusión del Código Penal con el objetivo de corregir varios artículos cuestionados de la Ley 74-25 antes de que concluya la actual legislatura, a la que le restan 18 días, y previo a la entrada en vigencia de la norma, prevista para el 3 de agosto de 2026.
El anuncio fue realizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien, acompañado de voceros de partidos con representación en el hemiciclo, informó que el órgano legislativo recibirá propuestas de los sectores que han manifestado preocupación por el contenido del nuevo código.
Pacheco explicó que la Cámara escuchará planteamientos de academias universitarias, gremios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y operadores del sistema de justicia, con el fin de evaluar cambios puntuales a la legislación.
La decisión se produce luego de que distintas entidades comenzaran a advertir sobre disposiciones que consideran problemáticas, justo cuando se acerca la fecha de entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
Según indicó el presidente de la Cámara, las conversaciones para buscar una salida al tema comenzaron el pasado viernes, tras las inconformidades expresadas por varios sectores. Señaló que se realizaron consultas tanto con representantes del Gobierno como de la oposición, y que de esas gestiones surgió la decisión de la comisión coordinadora de recoger las inquietudes de los diputados y abrir una vía de revisión.
Pacheco aclaró que la revisión no se hará artículo por artículo, al considerar que eso equivaldría a reiniciar por completo el debate legislativo. También sostuvo que no se abordarán temas como las causales del aborto, al señalar que no existe voluntad mayoritaria para reabrir esa discusión.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de que la revisión del Código Penal continúe en la próxima legislatura, ya sea ordinaria o extraordinaria, en caso de que no sea posible completar todos los cambios dentro del período actual.
Entre los puntos que serán revisados se encuentran varios artículos vinculados al ejercicio de la medicina, la responsabilidad jurídica de empresas y clínicas privadas, el delito de ultraje a funcionarios públicos, la incautación de equipos de trabajo a periodistas y otras disposiciones que han sido catalogadas por juristas como excesivamente punitivas.
Uno de los temas que más objeciones ha generado es el tratamiento penal de la actividad médica. En ese sentido, entre las propuestas que circulan en el Congreso se plantea que los médicos solo puedan ser procesados penalmente cuando se comprueben faltas graves, y que no sean responsabilizados penalmente por situaciones derivadas de falta de insumos, equipos o medicamentos. También se busca dejar establecido que un resultado adverso en un procedimiento médico, por sí solo, no sea suficiente para presumir culpa penal.
Entre las iniciativas depositadas figura una propuesta del diputado Rogelio Genao Lanza, que plantea la eliminación de los artículos 310 y 311, relacionados con el delito de ultraje contra funcionarios públicos.
La propuesta también busca eliminar las penas de prisión por difamación e injuria, dejando únicamente sanciones de tipo económico y reparación civil, así como impedir el cierre de medios de comunicación.
En ese mismo paquete se procura aclarar que el ejercicio legítimo del periodismo, la protesta pacífica y las denuncias de buena fe no constituyen el delito de difamación extorsiva, uno de los puntos que ha generado mayor inquietud en sectores vinculados a la libertad de expresión.
Mientras el Congreso se prepara para introducir cambios, varias disposiciones del Código Penal ya han sido llevadas al Tribunal Constitucional (TC) por entidades como el Colegio Médico Dominicano (CMD) y otros actores de la sociedad civil.
De acuerdo con la información publicada, en el tribunal ya reposan más de 15 acciones contra distintos artículos del nuevo código, por lo que una de las intenciones del Congreso es corregir algunas de las disposiciones más cuestionadas antes de que el TC emita una decisión sobre esos recursos.
La reapertura del debate sobre el Código Penal se produce en un momento en que el Congreso también tiene pendiente la modificación al Código Laboral, otra de las piezas legislativas de alto interés en la agenda nacional.
Sin embargo, el reinicio de la discusión penal podría concentrar gran parte de la atención legislativa durante los días que restan de la presente legislatura, en un contexto en el que la presión de sectores médicos, periodistas, juristas, activistas y organizaciones civiles ha colocado el tema nuevamente en el centro del debate público.
Con la entrada en vigencia del Código Penal prevista para el 3 de agosto, la Cámara de Diputados abre una nueva fase de revisión contrarreloj para intentar corregir los artículos más controvertidos de la norma antes de su aplicación.
