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Antonio Espaillat en la mira: Procuraduría inmoviliza bienes de su conglomerado empresarial

Por: Visión Global
abril 19, 2025

Santo Domingo, 19 de abril de 2025.- La Procuraduría General de la República (PGR) ha procedido a la inmovilización de bienes pertenecientes al empresario Antonio Espaillat López, tras detectar posibles maniobras para transferir activos a su nombre, lo cual fue interpretado como un intento de evitar eventuales responsabilidades civiles derivadas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

La Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la dirección de Wilson Gómez, ejecutó varias diligencias procesales sobre las empresas Inversiones E y L SRL, Jet Set Club y otras propiedades vinculadas a Espaillat. Estas acciones forman parte de una investigación penal tras el desplome del techo del emblemático centro de espectáculos, hecho ocurrido el pasado 8 de abril, en el cual perdieron la vida 232 personas, incluyendo al merenguero Rubby Pérez, y resultaron heridas más de 180.

Entre las medidas adoptadas se encuentran oposiciones registrales para impedir el traspaso de bienes en movimiento. Según fuentes vinculadas al caso, estas acciones buscan garantizar los derechos de las víctimas mientras avanza el proceso judicial.

“El Ministerio Público ha gestionado un impedimento cautelar a toda transacción patrimonial o accionaria de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat, conforme a los mecanismos previstos en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos”, declaró una fuente cercana a la investigación. Aclaró que el uso de esta ley es una vía jurídica para suspender operaciones sin que necesariamente implique una acusación por lavado de activos.

La pesquisa se centra principalmente en la empresa a través de la cual operaba la discoteca Jet Set, abarcando la revisión de sus documentos corporativos, licencias, seguros y cumplimiento de normativas de infraestructura.

Aunque Espaillat ha afirmado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, el Ministerio Público continúa con las indagatorias conforme a las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica 133-11, que rige su accionar y le otorga autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

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