Por Ramón Feliz, abogado y docente universitario
A raíz de los trágicos acontecimientos ocurridos en la discoteca Jet Set, donde más de 230 personas perdieron la vida tras el colapso del techo de la estructura, han surgido múltiples voces exigiendo justicia. Mientras algunos claman por encontrar a los responsables, otros se preguntan si esta tragedia pudo haberse evitado.
La República Dominicana cuenta con un marco legal diseñado para regular las construcciones y garantizar la seguridad de las edificaciones. Sin embargo, la gran interrogante que hoy flota en el ambiente es: ¿Están cumpliendo su rol las autoridades competentes?
¿Quiénes deben fiscalizar?
Entidades como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), las alcaldías municipales, los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil, son los organismos responsables de inspeccionar tanto las obras nuevas como las ya existentes. En especial, tienen el deber de garantizar que los espacios donde se concentra gran cantidad de personas como bares, discotecas, cines, teatros, restaurantes y estadios cuenten con:
- Salidas de emergencia accesibles.
- Equipos funcionales para la extinción de incendios.
- Planes de evacuación y capacitación del personal.
- Revisión periódica de la estructura física y sus condiciones.
Las leyes existen, pero no se aplican
A pesar de que existen normas como el Reglamento R-001 para diseño y construcción sismo resistente, la Ley No. 687 sobre Seguridad e Higiene Industrial, y la Guía de inspección técnica de edificaciones públicas y privadas del MOPC, muchas veces su aplicación es deficiente o selectiva.
En la práctica, estas normativas creadas para preservar vidas y evitar tragedias no se cumplen, ya sea por negligencia, corrupción o pura indiferencia. El resultado: edificaciones deficientes, permisos otorgados sin criterios técnicos y negocios funcionando sin cumplir los mínimos requisitos de seguridad.
Una de las críticas más fuertes que deja esta tragedia es el patrón reiterado de impunidad institucional. Las leyes parecen aplicarse solo a quienes no tienen “apellido sonoro”, mientras que los responsables con poder o influencia política suelen evadir consecuencia
Cuando los encargados de hacer cumplir las leyes fallan, no solo se rompe el orden legal, sino también la confianza de la ciudadanía. La negligencia institucional es, en muchos casos, más grave que la infracción cometida por los particulares, pues representa una falla estructural del Estado en su función de proteger a sus ciudadanos.
Un llamado urgente
Este evento doloroso debe marcar un punto de inflexión. No se trata únicamente de buscar culpables, sino de reconstruir un sistema de supervisión funcional, imparcial y transparente, donde nadie esté por encima de la ley.
El Estado, como garante del orden y la seguridad, no puede permitir que se construyan edificaciones sin permisos, que operen centros de diversión sin inspecciones, o que se aprueben planos sin criterios técnicos. La vida de cientos de personas depende de ello.
