Por Ricardo Sánchez
En la República Dominicana, la lucha contra la contaminación sonora ha tomado un giro controversial bajo la gestión de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. A pesar de que las intenciones de Raful podrían parecer justas en la superficie, sus acciones han dejado al descubierto una creciente desconexión con la realidad de los ciudadanos más vulnerables. La reciente política de incautación de equipos de sonido, en muchos casos sin la debida orden judicial, pone de manifiesto un patrón donde el respeto al debido proceso y los derechos fundamentales quedan relegados a un segundo plano.
Desde que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que prohíbe las incautaciones arbitrarias de bocinas, Raful ha prometido que no se repetirán acciones sin justificación legal. Sin embargo, la realidad es que sus operativos de incautación continúan, y la falta de claridad sobre los procedimientos para recuperar los equipos incautados mantiene en vilo a miles de dominicanos. A pesar de que las autoridades aseguran que los propietarios podrán recuperar sus bocinas a través de procesos legales, la burocracia y las condiciones impuestas dejan claro que, para muchos, la recuperación de estos bienes es casi una utopía.
Más allá de las medidas que parecen ser más un esfuerzo por cumplir con una sentencia judicial que un compromiso con la justicia social, la ministra no ha logrado ofrecer soluciones eficaces a la problemática. Si bien se han lanzado iniciativas de concienciación, la falta de una estrategia clara y accesible para los sectores más pobres de la población es evidente. Raful ha dejado claro con sus acciones que el pobre, en muchos casos, no tiene los recursos ni la capacidad para hacer valer sus derechos, y las políticas implementadas hasta el momento han afectado principalmente a las clases más desfavorecidas.
En vez de ofrecer alternativas reales para reducir la contaminación sonora, como una legislación más estricta y la creación de zonas de tolerancia bien definidas, lo que estamos viendo es un enfoque que se limita a aplicar la ley de manera punitiva, sin importar las consecuencias para aquellos que no tienen los medios para defenderse.
En conclusión, con Faride Raful al frente del Ministerio de Interior y Policía, parece que los derechos de los más pobres son los que más sufren. La falta de una estrategia coherente y de un enfoque inclusivo deja claro que, en este tema, el ciudadano más vulnerable es el que más pierde, mientras que la gestión sigue tomando decisiones que no abordan los problemas de fondo.
