Médicos de distintas especialidades, un exsubdirector del Hospital Darío Contreras y farmacéuticos figuran entre los detenidos durante los operativos realizados en cinco demarcaciones del país.
Santo Domingo.- Al menos 28 personas fueron arrestadas durante 37 allanamientos ejecutados por el Ministerio Público como parte de la Operación Cobra 2.0-A, nueva fase de las investigaciones sobre el presunto entramado de corrupción vinculado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Los operativos fueron realizados por equipos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.
Entre los detenidos figuran cirujanos ortopedistas, pediatras, ginecólogos, otros especialistas de la salud y dos farmacéuticos. También fue arrestado Juan Gabriel Rodríguez Revelo, exsubdirector del Hospital Darío Contreras, de acuerdo con las informaciones divulgadas sobre el operativo.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, informó que las actuaciones buscan procesar a personas presuntamente vinculadas a una estructura integrada por exempleados de SeNaSa, médicos y otros actores que, según la investigación, habrían utilizado distintos mecanismos para defraudar a la ARS estatal.
Amplio despliegue durante los allanamientos
En la operación participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. La Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) también participó en las labores investigativas bajo la dirección del Ministerio Público.
Las autoridades informaron que durante los allanamientos fueron ocupados bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego, como parte del levantamiento de evidencias correspondiente a esta nueva etapa del proceso.
La PEPCA, dirigida en estas actuaciones por la procuradora de corte Mirna Ortiz, continúa desarrollando la investigación para determinar las responsabilidades individuales de las personas vinculadas al caso.
Según el Ministerio Público, parte de las pesquisas se concentra en presuntas irregularidades cometidas por prestadores de servicios de salud y otros involucrados que habrían generado perjuicios económicos a SeNaSa.
Segunda etapa de la Operación Cobra
La Operación Cobra 2.0-A da continuidad a la primera fase del proceso, mediante la cual fueron sometidas varias personas vinculadas a la administración y prestación de servicios relacionados con la ARS estatal.
Entre los procesados anteriormente figura el exdirector de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, quien cumple prisión preventiva de 18 meses junto a otros imputados.
También forman parte del expediente Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Otros imputados dentro del proceso cumplen diferentes medidas de coerción, entre ellas arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público atribuye al entramado investigado presuntas maniobras que incluyen sobornos, adulteración de estados financieros, falsificación documental y programas especiales que, de acuerdo con el órgano acusador, habrían sido utilizados para desviar recursos públicos.
Entre los cargos atribuidos en el proceso figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Investigación también abarca presunto fraude en servicios de salud
Las investigaciones relacionadas con SeNaSa también han incluido otras líneas de actuación. En junio pasado, el Ministerio Público desarrolló la denominada Operación Onco14, relacionada con presuntas irregularidades cometidas en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao, pacientes y la ARS estatal.
Dentro de esa investigación se indagan supuestas prácticas de fraude clínico y farmacéutico, doble facturación, utilización de sellos médicos falsos, alteración de indicaciones médicas y cobros por medicamentos o servicios que presuntamente no fueron suministrados.
El órgano persecutor también investiga presuntas irregularidades relacionadas con medicamentos donados, exoneraciones fiscales, reembolsos, manejo de recursos institucionales y operaciones que podrían estar vinculadas al lavado de activos.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones de esta nueva fase y deberán determinar cuáles de los 28 detenidos serán sometidos formalmente a la justicia y las imputaciones que serán presentadas contra cada uno.
