El tribunal impuso una garantía económica de RD$300,000, presentación periódica e impedimento de salida del país al hombre señalado por el incidente.
Santo Domingo, República Dominicana. – El tribunal presidido por el magistrado Rigoberto Sena dispuso medidas de coerción contra Eddy Martínez Núñez, acusado de lanzar una piedra al vehículo en el que se trasladaba la merenguera Miriam Cruz, provocando daños en el cristal trasero.
La decisión judicial establece que el imputado podrá permanecer en libertad mientras avanza el proceso penal, siempre que cumpla con las condiciones impuestas por el tribunal.
Tribunal descarta prisión preventiva
Como parte de las medidas de coerción, Martínez Núñez deberá cumplir con una garantía económica de RD$300,000, presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales y permanecer en territorio dominicano debido a un impedimento de salida del país.
El magistrado consideró que no era necesario ordenar prisión preventiva, al determinar que el acusado cuenta con arraigo suficiente y no representa un riesgo de fuga.
Estas disposiciones buscan garantizar su comparecencia durante las siguientes etapas del procedimiento judicial.
Defensa valora la decisión judicial
La abogada Yessenia Dipinton, representante legal de Martínez Núñez, manifestó su conformidad con la resolución, al considerar que las medidas adoptadas permiten asegurar la participación de su defendido en el proceso sin recurrir a su encarcelamiento preventivo.
La jurista sostuvo que las restricciones establecidas son suficientes para garantizar que el imputado responda ante la justicia mientras continúan las investigaciones.
Investigación por daños al vehículo de la artista
El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido en la vía pública, cuando presuntamente Martínez Núñez lanzó una piedra contra el vehículo en el que viajaba Miriam Cruz, ocasionando la rotura del cristal trasero.
El hecho dio lugar a un procedimiento judicial para determinar las circunstancias en que ocurrió la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.
Con la decisión del tribunal, el acusado continuará sujeto al proceso penal en libertad. La imposición de medidas de coerción no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que corresponderá a la justicia determinar su responsabilidad en el caso.
