Por Ramón Feliz, abogado y docente universitario
En una sociedad democrática, la crítica —por incómoda que sea— es parte del ejercicio ciudadano. Se supone que quienes se exponen al escrutinio público, particularmente los funcionarios electos, deben entender que el debate y hasta la burla forman parte del costo del poder. Sin embargo, lo que estamos presenciando hoy en sectores vinculados al oficialismo, particularmente en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), es una peligrosa sensibilidad selectiva frente a rumores, críticas o informaciones no confirmadas. Tan grave como la desinformación misma, es pretender imponer un silencio por decreto.
Resulta irónico, casi cínico, que figuras del PRM que ahora claman por respeto a la vida personal y por sanciones a quienes “difaman”, son las mismas que durante años construyeron una narrativa basada en el rumor, la burla y la destrucción reputacional contra sus adversarios. Basta con recordar las campañas soterradas y públicas que se tejieron en contra de líderes de gobiernos pasados, sin que mediara una pizca de prueba.
¿O acaso ya se olvidó cómo, durante años, se hizo circular la falacia —sin fundamento alguno— de que el expresidente Leonel Fernández era homosexual? Se le señalaba, se le murmuraba, se le ridiculizaba. Se llegaron a lanzar chismes tan burdos como ofensivos. Y sin embargo, jamás vimos a Fernández persiguiendo penalmente a ningún ciudadano por estas imputaciones. No porque no dolieran —seguramente dolieron—, sino porque entendía que la política no es terreno para el victimismo selectivo, sino para la confrontación de ideas, incluso cuando estas vienen envueltas en mala fe.
Es más, durante mítines y concentraciones políticas del viejo PRD —hoy PRM— se oían frases como “en ese Palacio suben volando, no usan ascensor”, en clara y despectiva alusión a supuestas orientaciones sexuales de quienes entonces ostentaban el poder. ¿Dónde estaba la preocupación por la dignidad y el honor en ese momento?
Hoy, cuando se señala con fuerza a ciertas figuras por situaciones que deben aclararse, como ha ocurrido con el caso de Faride Raful, el discurso oficialista gira hacia la amenaza de sometimientos, demandas y el silencio forzado. Parecería que la crítica solo es válida cuando se ejerce desde la oposición, pero se convierte en delito cuando el blanco es quien gobierna.
No se trata de promover la difamación ni de justificar campañas sucias. Nadie, venga de donde venga, debe ser objeto de calumnias sin base. Pero también es cierto que quienes vivieron del rumor, del descrédito sin pruebas, del espectáculo de la descalificación, no pueden ahora exigir solemnidad y silencio como si no tuvieran historia.
El poder revela no solo quiénes somos, sino también cuánta coherencia estamos dispuestos a mantener. Si se sembró en el lodo de la posverdad, es difícil hoy cosechar respeto a base de censura.
