Santo Domingo, 2 de junio de 2025 – Las exoneraciones otorgadas para la importación de vehículos representaron un sacrificio fiscal de RD$3,854.6 millones para el Estado dominicano en el período 2020-2024, según datos oficiales de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esta cifra corresponde únicamente a las exenciones del 100% contempladas por la legislación vigente, lo que reaviva el debate sobre la equidad y eficiencia del actual sistema de incentivos fiscales.
En la última década, la cantidad de vehículos importados con algún tipo de exoneración ha mantenido una tendencia creciente. Entre 2013 y 2020, se registraron 24,821 vehículos con exenciones parciales y 3,875 unidades con exoneraciones totales, acumulando un sacrificio fiscal estimado de RD$10,819 millones.
Desde 2020, el número total de vehículos ingresados bajo este régimen aumentó un 23.5%, alcanzando 30,664 unidades, de las cuales 2,517 accedieron a exenciones completas. El impacto fiscal de este segmento casi duplicó el valor del periodo anterior, sumando RD$19,236 millones en impuestos no recaudados.
Entre los mayores beneficiarios figuran los legisladores (RD$2,195 millones), empresas privadas (RD$681.1 millones), funcionarios judiciales (RD$503.2 millones) e instituciones religiosas (RD$294.7 millones). También recibieron beneficios algunas entidades públicas con cifras menores.
Luis Humberto Vargas, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la PUCMM, advirtió que el régimen de exoneraciones refuerza inequidades estructurales. “Mientras productos de primera necesidad pagan impuestos elevados, sectores privilegiados reciben beneficios fiscales desproporcionados”, explicó. También denunció la falta de fiscalización sobre el uso real de los vehículos exonerados, muchos de los cuales serían utilizados para fines personales.
El economista Haivanjoe Ng Cortiñas estimó que, para 2025, el sacrificio tributario por estas exenciones podría alcanzar los RD$9,192 millones, es decir, el 2.4% del gasto tributario total. Señaló además que el marco normativo actual carece de coherencia, transparencia y control, lo que permite usos discrecionales.
Ante este panorama, se han propuesto reformas fiscales que racionalicen el régimen de exoneraciones, aunque los intentos del Gobierno en 2024 fracasaron por falta de consenso. El Ministerio de Hacienda informó que desarrolla una metodología para evaluar el impacto de estos beneficios, mientras que la Dirección General de Aduanas tiene a su cargo la fiscalización del cumplimiento legal.
Este informe se basa en una base de datos obtenida mediante solicitud de libre acceso a la información pública a la DGA, y será ampliado en próximas entregas con un análisis más profundo sobre el uso, destino e impacto de estas exoneraciones en la política fiscal dominicana.
