Santo Domingo, 13 de junio de 2025. – Tras más de siete horas de interrogatorios, el Ministerio Público ordenó ayer el arresto de Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, donde el pasado 8 de abril colapsó el techo del establecimiento, provocando la muerte de 236 personas y dejando más de 180 lesionadas. Ambos fueron trasladados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecerán detenidos hasta que se les conozca medida de coerción en un plazo no mayor de 48 horas, conforme a la ley.
Los imputados son investigados por el delito de homicidio involuntario. Según un comunicado del Ministerio Público, incurrieron en una “inmensa irresponsabilidad y negligencia”, al no intervenir oportunamente en la estructura del edificio, pese a tener conocimiento del riesgo que representaba.
La Procuraduría también los acusa de intentar influir o intimidar a empleados de Inversiones R y L, empresa que gestionaba la discoteca, quienes podrían ser claves como testigos en el proceso judicial.
El arresto se produjo luego de que el órgano persecutor recibiera el informe técnico elaborado por una comisión coordinada por el ingeniero Leonardo Reyes Madera, director de Onesvie, que concluyó las causas estructurales del colapso.
El interrogatorio fue dirigido por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y el director de Persecución, Wilson Camacho, quien gestionó la orden de arresto ante la jueza Fátima Veloz.
Los hermanos Espaillat acudieron a la Procuraduría General a las 2:06 p. m., acompañados de sus abogados Miguel Valerio y Ramón Núñez. Durante la sesión, fueron confrontados con los hallazgos del informe técnico y con declaraciones previas de testigos.
Hasta la fecha, la Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido un total de 66 acciones legales interpuestas por familiares de víctimas y personas lesionadas en el suceso.
El abogado Miguel Valerio declaró que sus defendidos están en disposición de colaborar con la justicia y manifestó que el Ministerio Público tiene derecho a formular la acusación, aunque consideró que aún se debe esperar el avance de las investigaciones para establecer responsabilidades definitivas.
