Santo Domingo, 28 de julio de 2025 – La tragedia ocurrida en el sector Naco, donde Jean Andrés Pumarol Fernández es acusado de asesinar a una mujer y herir a otras cinco personas, ha encendido nuevamente el debate nacional sobre la atención psiquiátrica que reciben los privados de libertad en el país.
De acuerdo con sus familiares, Pumarol fue diagnosticado con esquizofrenia hace más de diez años. El asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, Roberto Santana, recordó que en centros como Najayo Hombres, La Victoria y El Pinito (La Vega) existen pabellones especializados para personas con trastornos mentales. Sin embargo, reconoció que el acceso es limitado debido a la escasez de recursos humanos y logísticos.
“Una cárcel no es el lugar apropiado para alguien con enfermedades mentales; pero si no hay hospitales disponibles, el Estado debe ofrecer entornos terapéuticos y seguros”, expresó Santana durante una entrevista televisiva.
Estos pabellones están diseñados con celdas adaptadas, áreas comunes, zonas de observación clínica y personal compuesto por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales que aplican programas de manejo, medicación y prevención de conductas peligrosas.
En otro orden, Santana abordó el proceso de reforma penitenciaria que incluye el traslado de 2,400 internos desde la sobrepoblada cárcel de La Victoria hacia el nuevo centro Las Parras. La infraestructura, cuya primera fase será inaugurada próximamente, tendrá capacidad total para 8,500 reclusos y contará con aulas educativas, talleres técnicos, áreas religiosas, médicas y espacios de máxima seguridad.
“El objetivo es eliminar el hacinamiento, el ocio y la corrupción en cárceles como La Victoria”, sostuvo Santana, quien también mencionó que 500 nuevos agentes están siendo formados para operar bajo el nuevo modelo de “cero ocio”, en el que los internos deberán estudiar o trabajar diariamente.
Sobre las resistencias internas al traslado, Santana aseguró que hay grupos organizados que se benefician del caos actual, pero que el cambio es obligatorio y busca dignificar la vida de los reclusos y garantizar seguridad para sus familiares.
Asimismo, valoró positivamente la aprobación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, el cual asumiría la administración penitenciaria, actualmente en manos del Ministerio Público.
Además de Las Parras, el plan contempla nuevos centros penitenciarios en Pedro Corto (San Juan), Barahona, Azua, Baní e Higüey. La segunda fase de Las Parras está prevista para diciembre y el proyecto completo para principios de 2026.
“La reforma es una oportunidad histórica para construir un sistema carcelario humano, ordenado y orientado a la reinserción social”, concluyó.
