LAS VEGAS, EE. UU. 5 de febrero del 2026. – El legendario boxeador Floyd Mayweather Jr. ha iniciado una batalla legal de gran envergadura contra la cadena Showtime Networks Inc. y su directivo Stephen Espinoza. El excampeón invicto alega haber sido víctima de un esquema de fraude financiero y malversación de fondos que le habría privado de, al menos, 340 millones de dólares durante su etapa profesional.
La demanda, radicada el pasado martes y obtenida por fuentes internacionales, describe una presunta conspiración que involucra a su antiguo asesor, Al Haymon, aunque este último no figura formalmente como demandado. Según el documento, se utilizó una “red compleja de cuentas ocultas y transacciones no autorizadas” para desviar ganancias que pertenecían legítimamente al púgil.
Un contrato histórico bajo la lupa
La relación comercial entre Mayweather y Showtime comenzó en 2013 con un acuerdo de seis combates que se convirtió en el más lucrativo de la historia para cualquier atleta en su momento. Durante ese periodo, “Money” protagonizó eventos masivos contra figuras como Canelo Álvarez y Manny Pacquiao; este último ostenta el récord de recaudación histórica con más de 410 millones de dólares en ingresos.
A pesar de que los informes de la época situaban las ganancias totales de Mayweather por encima de los 1,200 millones de dólares, el boxeador sostiene que la falta de transparencia y la ocultación de registros financieros por parte de la cadena y su exmánager resultaron en pérdidas económicas monumentales.
Entre los tribunales y el cuadrilátero
A sus 48 años y con un récord invicto de 50-0, Mayweather se mantiene activo en el circuito de exhibiciones. El anuncio de esta demanda surge en medio de una gran expectativa por sus próximos compromisos, que incluyen un posible enfrentamiento con Mike Tyson para esta primavera y rumores de un combate contra la leyenda del kickboxing, Mike Zambidis, en Grecia para el mes de junio.
Hasta el momento, ni Stephen Espinoza ni los representantes de Showtime han emitido declaraciones oficiales respecto a las acusaciones de fraude e incumplimiento fiduciario.
