Santo Domingo, Rep. Dominicana. 13 de febrero del 2026. –El juez Vladimir Rosario García, de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó una condena de cinco años de prisión contra Marvin Joel Soriano Robles, tras declararlo culpable de estafa electrónica en perjuicio de varias personas, utilizando una empresa ficticia como medio para ejecutar el fraude.
La decisión judicial establece que el condenado incurrió en violaciones a los artículos 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, relacionados con el uso de documentos falsificados y la comisión del delito de estafa.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago de una multa equivalente a la tercera parte de un salario mínimo, conforme a lo dispuesto en la Ley 12-07 sobre Multas o Sanciones Pecuniarias.
Según se determinó en el proceso, Soriano Robles operaba a través de la empresa denominada “ProCrédito”, presentada de manera engañosa como un buró de crédito que ofrecía supuestas soluciones para personas con dificultades financieras, con el objetivo de captar víctimas y ejecutar maniobras fraudulentas.
Las investigaciones revelaron que la estructura delictiva utilizaba anuncios en redes sociales para atraer a los interesados, quienes eran redirigidos mediante enlaces a conversaciones por WhatsApp, donde se concretaban los engaños. Posteriormente, las víctimas eran inducidas a suscribir contratos digitales utilizados para realizar embargos irregulares y falsificar firmas.
El expediente judicial también establece que el condenado es reincidente en delitos electrónicos y enfrenta otros procesos penales, incluyendo una condena previa de seis años de prisión por hechos similares.
Tras la sentencia emitida en primera instancia, la defensa interpuso recursos ante instancias superiores, los cuales fueron rechazados, quedando confirmada en todas sus partes la condena de cinco años de prisión.
Las autoridades judiciales reiteraron que este fallo constituye un precedente importante en la lucha contra las estafas electrónicas y el uso de empresas ficticias para la comisión de delitos financieros.
