Nueva York, USA. | 16 de febrero de 2026. — El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, habría invertido al menos US$40 millones en la deportación de 300 inmigrantes hacia países que no eran sus lugares de origen, según un informe elaborado por legisladores demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
El documento, divulgado tras una investigación de diez meses, examina los acuerdos bilaterales utilizados para ejecutar este tipo de expulsiones, una práctica que anteriormente se aplicaba de forma excepcional, pero que —según los autores del informe— fue sistematizada durante el actual gobierno.
“El Gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas”, expresó la senadora Jeanne Shaheen, quien impulsó y coordinó la investigación.
Destinos y costos
De acuerdo con el informe, 250 de los 300 inmigrantes deportados eran ciudadanos venezolanos enviados a El Salvador en marzo de 2025. Las 51 personas restantes, cuya nacionalidad no fue especificada, fueron trasladadas a otros cuatro países, principalmente Guinea Ecuatorial y Eswatini, además de Ruanda y Palau.
El reporte señala que el costo real de estas operaciones podría ser superior a los US$40 millones, ya que solo hasta enero de 2026 se habrían transferido más de US$32 millones directamente a cinco países como parte de los acuerdos de deportación.
Cuestionamientos y efectividad
Los legisladores advierten que, en muchos casos, Estados Unidos contaba con la posibilidad legal de repatriar a los migrantes a sus países de origen, sin necesidad de recurrir a terceros Estados. El informe subraya que más del 80 % de las personas deportadas bajo este esquema ya regresaron o están en proceso de regresar a sus países natales, lo que evidencia la baja efectividad de la medida.
“Incluso hubo situaciones en las que EE. UU. pagó para enviar a migrantes a terceros países y luego volvió a pagar para trasladarlos a su país de origen”, detalla el documento.
Riesgos y advertencias
El análisis también alerta sobre los intentos del Gobierno de retirar o suspender beneficios migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y permisos humanitarios, lo que —según los senadores— podría ampliar el uso de deportaciones a terceros países.
En sus conclusiones, el informe califica estas operaciones como costosas, ineficientes y carentes de transparencia, además de advertir que podrían contribuir al financiamiento de gobiernos extranjeros sin mecanismos adecuados de supervisión, afectar la política migratoria estadounidense y generar tensiones diplomáticas a largo plazo.
