Washington D.C. | 20 de febrero de 2026. – En una decisión que redefine las reglas del comercio global, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, con una votación de 6-3, que la presidencia no posee la facultad de imponer aranceles generales de manera unilateral sin el consentimiento del Congreso. Esta sentencia anula el arancel base universal del 10 % y otros gravámenes impuestos bajo el programa “Liberation Day” de la administración de Donald Trump.
El fallo, redactado por el juez presidente John Roberts, establece que aunque la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 permite regular operaciones en situaciones de crisis, no concede una “autorización en blanco” para instaurar tarifas globales. El tribunal advirtió que permitir tal alcance habría otorgado un poder desmedido al Ejecutivo en detrimento de las competencias legislativas.
Impacto financiero y fin de los gravámenes recíprocos
Con esta sentencia, queda sin efecto el arancel universal del 10 % que afectaba a la mayoría de las importaciones, así como las tarifas específicas derivadas de disputas comerciales con socios estratégicos como México, Canadá y China.
Las implicaciones fiscales son profundas:
- Recaudación afectada: Se estima que estos aranceles generaron cerca de 129 mil millones de dólares.
- Ingresos totales: La recaudación arancelaria proyectada para 2025 se situaba entre los 200 y 289 mil millones de dólares, cifras que ahora enfrentan una reconfiguración total.
- Costos operativos: La eliminación de los gravámenes promete aliviar los costos de importación y reducir las presiones inflacionarias a nivel internacional.
Repercusiones para América Latina y la República Dominicana
El fallo envía una señal de estabilidad y previsibilidad a los mercados emergentes. Para América Latina, la reducción de la presión arancelaria facilita cadenas de suministro más fluidas y mejora la competitividad de los exportadores hacia el mercado estadounidense.
En el caso específico de la República Dominicana, la decisión judicial se traduce en un entorno de mayor certidumbre para:
- Zonas Francas: Estabilidad en las reglas de juego para la exportación de manufactura.
- Costos Logísticos: Una posible reducción en los precios de productos importados y materias primas.
- Seguridad Jurídica: Menor riesgo de decisiones unilaterales que afecten el flujo comercial bilateral.
Este precedente judicial obliga a que cualquier estrategia arancelaria futura deba ser fruto de una negociación política y consenso legislativo, devolviendo al Congreso de EE. UU. el control sobre la política comercial exterior.
