La magistrada Olga Diná Llaverías advirtió que la pena máxima dependerá de si las agresiones contra la menor son tipificadas como actos de tortura tras concluir las investigaciones.
Santo Domingo | Lunes 9 de marzo de 2026. – La titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Diná Llaverías, informó este lunes que el proceso judicial contra la docente señalada por vejar a una pequeña en una estancia infantil podría derivar en una sentencia de hasta tres décadas de reclusión. La funcionaria precisó que la magnitud de la sanción estará sujeta a la calificación jurídica de los hechos y a la comprobación de agravantes durante la etapa de instrucción.
El caso cobró relevancia pública tras la circulación de un material audiovisual donde se observa a la mujer agredir a una niña de apenas dos años. Ante la gravedad de lo ocurrido, Llaverías enfatizó que el Ministerio Público evalúa si el comportamiento de la imputada encaja en el delito de tortura o barbarie, lo que elevaría drásticamente el castigo penal.
Detalles del proceso y detención de la implicada
En relación con los avances operativos, las autoridades confirmaron la captura de Yamelsy Matos Beltré, de 25 años, quien se presentó ante la Unidad de Atención a Víctimas en Santo Domingo Este tras la emisión de una orden de arresto en su contra. Matos Beltré es señalada por presuntamente forzar a la menor a ingerir sus propios desechos biológicos, un acto que ha despertado el repudio de diversos sectores de la sociedad dominicana.
Diná Llaverías pidió cautela en el manejo del expediente para no vulnerar la privacidad de la víctima, asegurando que una fiscalía especializada está profundizando en el historial del centro y de la empleada para determinar si existieron incidentes previos de violencia. La magistrada indicó que se analizan las circunstancias precisas del día del suceso y cualquier antecedente de maltrato sistemático en la institución.
Una advertencia sobre el perfil de los cuidadores
La magistrada aprovechó la coyuntura para instar a los centros de cuidado y a las familias a ser más rigurosos en la contratación de personal. Manifestó que el trabajo con la primera infancia no puede recaer en manos inexpertas, sino en profesionales con perfiles psicológicos y técnicos adecuados para el manejo de menores. “Quienes asumen el cuidado de esta población deben ser especialistas”, puntualizó la funcionaria.
Asimismo, hizo un llamado a las instituciones educativas y a la sociedad civil para mantener una vigilancia constante. Según la magistrada, es responsabilidad colectiva asegurar que quienes interactúan con niños, niñas y adolescentes cuenten con la capacitación necesaria y un equilibrio emocional comprobado, evitando que situaciones de esta índole se repitan en los espacios destinados a la protección y enseñanza.
Rigor en la investigación penal
El Ministerio Público subrayó que la investigación sigue un curso estricto para garantizar que no se contaminen las pruebas. Una fiscal especializada lidera el expediente y será la encargada de presentar las evidencias ante los tribunales correspondientes. Llaverías reiteró que, aunque el clamor social exige justicia inmediata, la justicia debe operar bajo el debido proceso para asegurar que la sanción final sea proporcional al daño causado a la integridad física y emocional de la infante.
