República Dominicana se mantiene fuera del listado de naciones sujetas a este requisito económico
Washington – El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una nueva disposición migratoria que incrementará significativamente el costo para viajar a territorio estadounidense desde 12 naciones adicionales. A partir del próximo 2 de abril, los solicitantes de visas de negocios y turismo (categorías B1 y B2) de estos países deberán depositar una fianza obligatoria de 15,000 dólares como condición para la emisión del documento.
La medida, impulsada por la administración de Donald Trump, afectará en esta etapa a ciudadanos de Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Es importante destacar que la República Dominicana no ha sido incluida en este nuevo grupo ni figura en la lista previa, por lo que los solicitantes dominicanos no están sujetos a este pago adicional para sus trámites consulares.
Según las directrices oficiales, el monto de la fianza será reembolsado a los beneficiarios que cumplan estrictamente con las condiciones de su visado y retornen a sus países de origen antes del vencimiento del permiso otorgado. No obstante, en caso de que el extranjero permanezca en Estados Unidos de manera irregular más allá del tiempo permitido, los fondos serán retenidos por el Estado para cubrir los costos operativos de su eventual proceso de deportación.
El Departamento de Estado fundamentó esta decisión en un análisis de costos fiscales, estimando que la expulsión de un migrante irregular le cuesta al gobierno estadounidense un promedio de 18,000 dólares. Con la implementación de este sistema de fianzas, las autoridades proyectan un ahorro para los contribuyentes de hasta 800 millones de dólares anuales. Con la reciente expansión, ya suman 50 las naciones bajo este esquema, entre las que figuran Cuba, Venezuela, Nigeria, Afganistán y diversos países de África y Oceanía.
El gobierno estadounidense defendió la eficacia del programa señalando que, hasta la fecha, casi un millar de extranjeros han obtenido visas bajo este sistema de garantía económica, registrando una tasa de retorno a sus países de origen del 97 %. Esta disposición forma parte de un conjunto de políticas migratorias restrictivas que incluyen vetos de visas y nuevas limitaciones al derecho de asilo, orientadas a reducir el flujo migratorio hacia los Estados Unidos.
