El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara tras ser capturado en flagrante delito recibiendo pagos ilícitos
SANTO DOMINGO, RD | Lunes 30 de marzo de 2026. — En un proceso que sacude las estructuras del sistema judicial dominicano, el Ministerio Público solicitó formalmente la imposición de un año de prisión preventiva contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir sobornos de personas bajo investigación oficial a cambio de favores procesales.
La solicitud de medida de coerción, depositada ante la magistrada Ysis Muñiz Almonte, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, revela detalles comprometedores sobre la “negociación” llevada a cabo por el imputado. Según el expediente de 50 páginas, Valdez Alcántara exigió inicialmente la suma de 200 mil dólares, monto que luego redujo a 150 mil dólares.
Lujos y exigencias en la negociación
Las indagatorias, dirigidas por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, señalan que el fiscal no solo buscaba dinero en efectivo, sino que mostró un marcado interés en artículos de lujo. El pliego acusatorio detalla que el imputado exigió un vehículo Mercedes-Benz (modelos 350 o 450) y un reloj de la marca Rolex como parte del pago para favorecer al investigado.
Valdez Alcántara fue arrestado en flagrante delito el pasado viernes durante una entrega controlada, en la que recibió la suma de 10 mil dólares como avance del acuerdo ilícito.
Cero tolerancia a la corrupción interna
Al referirse al caso, la procuradora Yeni Berenice Reynoso fue enfática al señalar que la institución no permitirá que sus miembros utilicen el cargo para beneficios personales. “Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga”, afirmó Reynoso, asegurando que el Ministerio Público medirá a todos sus integrantes con la misma vara y buscará sanciones ejemplarizadoras.
Debido a su condición de fiscal, el acusado posee privilegio de jurisdicción, razón por la cual el caso es conocido por una instrucción especial en la Corte de Apelación. El órgano acusador se mantiene a la espera de que el tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, reafirmando su compromiso con la integridad del sistema de justicia.
