La nueva normativa responde a una sentencia del Tribunal Constitucional y establece que las postulaciones a cargos públicos serán exclusivas de los partidos y movimientos políticos
Santo Domingo, RD | Jueves 2 de abril de 2026.- El Poder Ejecutivo, encabezado por el mandatario Luis Abinader, oficializó la promulgación de la Ley núm. 13-26, una pieza legislativa que introduce cambios estructurales en el régimen electoral dominicano al eliminar la figura de las candidaturas independientes. Con esta disposición, se derogan los artículos 156, 157 y 158 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 20-23, los cuales permitían postulaciones fuera del esquema de las organizaciones políticas tradicionales.
La medida surge como respuesta directa a la Sentencia TC/0788/24 emitida por el Tribunal Constitucional, la cual determinó que los requisitos exigidos anteriormente para las candidaturas independientes resultaban desproporcionados e incompatibles con la Carta Magna. Bajo el nuevo marco legal, la participación en procesos electorales para optar por cargos de elección popular queda reservada estrictamente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos por la ley vigente.
El texto legal fundamenta esta decisión en la necesidad de preservar el diseño constitucional del sistema político nacional, argumentando que los partidos garantizan el pluralismo y la participación organizada conforme al artículo 216 de la Constitución. Asimismo, la ley advierte que la existencia de candidaturas independientes generaba distorsiones operativas, especialmente en lo relativo a la sustitución de vacantes en el Congreso, la conformación de bloques parlamentarios y la estabilidad de la gobernabilidad institucional.
La Ley 13-26, promulgada originalmente el pasado 26 de marzo de 2026, ha entrado en vigor tras su publicación oficial, marcando un hito en el reordenamiento del sistema electoral dominicano. Los legisladores precisaron que permitir este tipo de postulaciones sin una reforma constitucional previa implicaría la creación de un sistema paralelo que podría dificultar la ejecución de los mandatos constitucionales en el futuro.
