El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó la medida como una rectificación oportuna que fortalece la institucionalidad y la transparencia
SANTO DOMINGO. El Pleno de la Cámara de Cuentas dejó sin efecto el aumento de beneficios que había sido aprobado previamente para sus integrantes, tras una oleada de cuestionamientos sobre la legalidad de la medida. La revocación fue comunicada formalmente a través de una carta remitida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, notificando la anulación de la Resolución No. ADM-2026-017, emitida originalmente el pasado 13 de marzo.
Aunque el órgano fiscalizador no detalló los motivos específicos para dar marcha atrás, la decisión surge en medio de debates sobre el cumplimiento del artículo 140 de la Constitución Dominicana, el cual regula las disposiciones salariales de los funcionarios públicos. Con esta acción, el Pleno busca disipar las dudas legales y éticas que rodearon la aprobación inicial de los nuevos incentivos.
Valoración del Senado
El presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, valoró positivamente la decisión de los miembros de la Cámara de Cuentas, describiéndola como un “acto de responsabilidad institucional”. El legislador destacó que corregir a tiempo un proceder que podría interpretarse como contrario al ordenamiento jurídico es una señal de compromiso con el Estado de derecho.
“El hecho de corregir a tiempo un proceder que podría interpretarse como contrario al ordenamiento jurídico honra el ejercicio responsable de la función pública”, manifestó De los Santos, quien calificó la medida como un “acto de mea culpa” necesario para preservar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
Fortalecimiento institucional
Para el titular del Senado, esta rectificación contribuye a consolidar una cultura de integridad en la administración pública y envía un mensaje de transparencia hacia la sociedad. De los Santos subrayó que la estabilidad democrática depende en gran medida de la capacidad de los órganos estatales para actuar con ética y apego a la ley, especialmente en temas relacionados con el manejo de recursos y beneficios personales de los funcionarios de alto nivel.
Con la anulación de esta resolución, la Cámara de Cuentas busca cerrar un capítulo de controversia y reafirmar su rol como el principal organismo encargado de velar por la transparencia en el uso de los fondos públicos.
