Juezas escucharán este jueves a los últimos oficiales imputados antes de retirarse a deliberar; Ministerio Público solicita penas de hasta 20 años de prisión
SANTO DOMINGO. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional entrará este jueves en la fase final del juicio por los casos de corrupción administrativa conocidos como Coral y Coral 5G. Tras agotarse el calendario de réplicas y contrarréplicas, las magistradas se reservarán el fallo para decidir la suerte procesal de los 48 implicados, acusados de desfalcar al Estado con más de RD$4,500 millones.
Debido a las actuales condiciones climáticas que afectan el territorio nacional, la magistrada presidenta Gisselle Méndez recesó la audiencia de este martes y convocó a las partes para el próximo jueves a las 9:00 de la mañana. En dicha jornada, el tribunal escuchará las declaraciones finales de los oficiales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y el coronel Rafael Núñez de Aza.
El proceso de deliberación
Una vez concluidas estas intervenciones, las juezas darán por clausurados los debates y se retirarán a deliberar. En esta etapa, el tribunal valorará las evidencias presentadas por el Ministerio Público frente a los argumentos de las defensas técnicas. De acuerdo con la normativa procesal, las magistradas dispondrán de un plazo de hasta 30 días para emitir su decisión final.
Solicitudes de condena y decomiso El órgano acusador, que identifica al general Adán Cáceres Silvestre como el cabecilla de la red, ha solicitado penas severas que incluyen:
- 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para los principales cabecillas y altos oficiales.
- 15 y 10 años de prisión para otros colaboradores cercanos, entre ellos la pastora Rossy Guzmán.
- 5 años de prisión para imputados que colaboraron con la investigación, como Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público exige la disolución de entidades como la Iglesia Bautista Vida Eterna y el decomiso de más de 200 inmuebles y 86 vehículos de lujo, bienes que habrían sido adquiridos con fondos sustraídos de instituciones como el CUSEP, CESTUR y CONANI entre 2012 y 2020.
Postura de la defensa
Por el contrario, los abogados de los encartados han solicitado al tribunal el rechazo total de la acusación, la absolución de sus representados y el levantamiento de todas las medidas de coerción y oposiciones sobre bienes y cuentas bancarias. Con la audiencia de este jueves, se cierra un ciclo determinante en uno de los procesos judiciales por presunta corrupción militar y policial más complejos en la historia reciente de la República Dominicana.
