La Red de Observadores por la Institucionalidad exige al CNM romper el silencio ante el vencimiento del mandato de 11 magistrados; temen que la desconfianza empañe el proceso
SANTO DOMINGO. – El sistema judicial dominicano ha entrado en una zona de “incertidumbre institucional”. Así lo denunció este martes la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI), al advertir que el país se encuentra en un vacío peligroso debido a la falta de convocatoria para evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuyo período legal ya caducó.
El pasado 4 de abril se cumplieron los siete años constitucionales para once magistrados de la alta corte, sin que hasta la fecha el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el mandatario de la República, haya fijado una hoja de ruta para su ratificación o sustitución. Para la ROI, este silencio no es solo un retraso administrativo, sino un golpe a la confianza pública en la independencia del Poder Judicial.
El fantasma de procesos pasados
La preocupación de las organizaciones no es infundada. La red recordó que el proceso de 2025 dejó cicatrices profundas por la falta de transparencia y la aplicación de criterios arbitrarios. En esta ocasión, alertan que el desánimo es evidente: existe el riesgo real de que jueces de carrera opten por no someterse a la evaluación para evitar ser víctimas de tratos percibidos como “injustos o discriminatorios”, citando como precedentes los casos de las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez.
“Sin confianza de los evaluados, la legitimidad de la justicia se desmorona”, sentenció el colectivo. El informe presentado por la organización subraya que la evaluación no es opcional, sino un mandato de la Carta Magna que garantiza que solo los mejores permanezcan en sus puestos bajo criterios de objetividad e igualdad de género.
Bloqueo en la renovación
Un punto crítico señalado por la ROI es el bloqueo administrativo que genera esta demora. Mientras no se realicen las evaluaciones de desempeño, el CNM está impedido legalmente de convocar a un concurso para elegir nuevos integrantes, ya que técnicamente no existen vacantes disponibles. Esta situación mantiene en “pausa” la renovación necesaria de la máxima instancia judicial del país.
La Red de Observadores —compuesta por Participación Ciudadana, INTEC, la Fundación Friedrich Ebert, Foro Ciudadano y el CIPAF— concluyó exigiendo que el proceso se realice bajo la lupa de la transparencia total, evitando que intereses externos contaminen la selección de quienes deben impartir justicia de manera imparcial.
