La defensa técnica solicita la variación de la prisión preventiva, mientras que el Ministerio Público demanda mantener la reclusión por el presunto fraude de RD$15 mil millones
SANTO DOMINGO. – El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, bajo la dirección del magistrado Deiby Peguero, inició este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y a otros coimputados vinculados a la red de presunta corrupción administrativa denominada “caso Cobra”.
El proceso judicial involucra además a Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Los imputados varones cumplen actualmente la medida en el Centro Correccional y de Rehabilitación Las Parras, mientras que la imputada se encuentra en el Centro de Najayo Mujeres.
Argumentos de las partes
Los abogados de la defensa han solicitado ante el tribunal la revocación de la prisión preventiva, argumentando la posibilidad de sustituirla por medidas de coerción menos gravosas. Por su parte, los representantes del Ministerio Público han manifestado su oposición a dicha solicitud, requiriendo al juez que se mantenga la privación de libertad debido a la gravedad de las imputaciones.
De acuerdo con el expediente acusatorio, a los implicados se les imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano. Asimismo, la acusación incluye desfalco, sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos públicos.
Alcance del caso
Las investigaciones del órgano persecutor estiman que la estructura habría sustraído más de RD$15,000 millones de los fondos públicos. La revisión obligatoria de la medida de coerción se realiza conforme a los plazos establecidos en el Código Procesal Penal para evaluar si las circunstancias que motivaron la prisión preventiva han variado o si persiste el riesgo procesal.
El tribunal deberá decidir, tras escuchar las argumentaciones de las partes, si los imputados continuarán cumpliendo la medida privativa de libertad o si se les otorgará una modalidad distinta de restricción mientras avanza la etapa de instrucción del proceso.
