Los ajusticiamientos ocurren en un contexto de endurecimiento judicial y un aumento drástico de la pena de muerte tras el inicio del conflicto bélico en febrero
TEHERÁN. – Las autoridades de Irán ejecutaron este sábado a dos hombres condenados por cargos de espionaje y cooperación de inteligencia con el servicio secreto israelí, Mosad. La medida se produce en un momento de alta tensión regional y tras un notable incremento en la aplicación de la pena capital en territorio iraní desde el pasado 28 de febrero.
La agencia oficial Mizan, vinculada al Poder Judicial, identificó a los ejecutados como Yaqub Karimipour y Naser Bakarzadeh. Ambos fueron hallados culpables de “enemistad contra Dios” y “corrupción en la tierra”, figuras legales que Irán utiliza habitualmente para sancionar delitos que considera amenazas a la seguridad nacional.
Detalles de las acusaciones
Según el reporte oficial, las actividades de los condenados incluían la recopilación de información estratégica y actos de sabotaje:
- Yaqub Karimipour: Fue condenado por fotografiar instalaciones militares, fabricar bombas de sonido y proporcionar datos falsos a las autoridades sobre bombardeos al inicio de la guerra. Además, se le acusó de reclutar personas para incendiar cajeros automáticos en ciudades como Karaj y Mashad.
- Naser Bakarzadeh: Se le imputó la recopilación y envío de datos sobre infraestructuras urbanas, comisarías, centros educativos y edificios religiosos considerados sensibles por el Estado.
Aumento en las cifras de ejecuciones
La situación ha generado una fuerte reacción de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que, desde el inicio del conflicto bélico, al menos 21 personas han sido ejecutadas y más de 4,000 han sido detenidas por motivos políticos o de seguridad.
Irán se consolida como uno de los países con mayor tasa de ejecuciones a nivel global. Durante el año 2025, el país ahorcó a 1,639 personas, lo que representó un incremento del 68 % respecto al año anterior y la cifra más alta registrada desde 1989, según informes de organizaciones defensoras de derechos humanos.
