Santo Domingo, Rep. Dominicana. 6 de febrero del 2026. – El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Brache, identificó a la minería y la construcción como los motores fundamentales para garantizar el crecimiento económico del país durante el presente año. No obstante, advirtió que para alcanzar una expansión de entre el 4.5 % y el 5 %, es imperativo que el Estado implemente reformas estructurales orientadas a reducir la burocracia y agilizar la emisión de permisos de operación.
Hacia una minería estratégica y tecnificada
Durante el primer Encuentro Industrial del año, Brache enfatizó que el país debe expandir su visión minera más allá de los metales preciosos tradicionales como el oro y la plata. El líder industrial propuso facilitar la explotación de tierras raras y minerales críticos, esenciales para la industria global de microprocesadores e inteligencia artificial. En este sentido, abogó por procesos administrativos simplificados que permitan al país insertarse en estas cadenas de valor tecnológicas de alta demanda.
Soluciones para el sector construcción
Ante el estancamiento de diversos proyectos de infraestructura por la falta de autorizaciones, la AIRD planteó soluciones concretas para eliminar los cuellos de botella:
Silencio Administrativo: Aplicación de esta figura legal para evitar retrasos indefinidos, acompañada de sanciones rigurosas en caso de incumplimientos de acuerdos previos.
Certificación de Empresas de Trayectoria: Brache propuso un sistema de confianza para constructoras con décadas de historial impecable, permitiéndoles iniciar obras mediante la presentación de una fianza, bajo la premisa de su compromiso probado con las normativas ambientales.
Transparencia y nuevas reglas en Contrataciones Públicas
El encuentro también analizó los alcances de la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Al respecto, Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones, subrayó que el nuevo marco legal es implacable contra las prácticas anticompetitivas y la corrupción, estableciendo penas de hasta diez años de prisión.
Pimentel destacó que la normativa ahora prioriza criterios de sostenibilidad ambiental y valor social, ofreciendo ventajas competitivas a las empresas que implementen modelos de negocio responsables. Asimismo, aclaró que las contrataciones de servicios médicos se mantienen bajo la jurisdicción de la Ley de Seguridad Social (87-01), contando con mecanismos de regulación independientes a la Ley de Contrataciones Públicas.
