La organización solicitó una investigación independiente e imparcial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, determinar posibles responsabilidades y garantizar justicia a los familiares de la víctima.
Santo Domingo, RD. – 8 de octubre de 2026. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) solicitó a las autoridades dominicanas iniciar una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre la muerte de un joven de posible origen haitiano, ocurrida el pasado 3 de octubre durante un operativo migratorio en Punta Cana, provincia La Altagracia.
De acuerdo con informaciones difundidas por medios locales, el joven habría fallecido tras recibir disparos presuntamente realizados por un agente de la Dirección General de Migración (DGM) durante el procedimiento.
Hasta el momento de la denuncia, las autoridades dominicanas no habían ofrecido información oficial sobre las circunstancias del incidente, según señaló la organización.
Amnistía Internacional considera necesario esclarecer lo ocurrido, identificar las posibles responsabilidades y garantizar que los familiares de la víctima tengan acceso a la justicia.
Organización cuestiona prácticas durante operativos migratorios
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, manifestó su preocupación por las condiciones en que se desarrollan algunos procedimientos migratorios en República Dominicana.
Según explicó, durante años la organización y distintas entidades dominicanas y haitianas han documentado denuncias relacionadas con perfilamiento racial, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y presuntas prácticas discriminatorias contra personas migrantes.
Piquer sostuvo que estos antecedentes deben ser considerados durante la investigación del fallecimiento, con el propósito de garantizar un proceso transparente y establecer las responsabilidades que correspondan.
La organización insistió en que cualquier actuación de los organismos de seguridad debe desarrollarse respetando los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.
Amnistía Internacional advierte sobre el uso de la fuerza
En su pronunciamiento, la entidad recordó que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el uso intencional de la fuerza letal por parte de agentes estatales únicamente puede justificarse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida.
Asimismo, enfatizó que encontrarse en condición migratoria irregular no constituye una justificación para el uso ilegítimo de la fuerza.
Amnistía Internacional señaló que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de investigar las circunstancias del fallecimiento y adoptar las medidas correspondientes en caso de comprobarse actuaciones contrarias a la ley.
La organización también pidió revisar las prácticas que, según sus denuncias, podrían generar situaciones de discriminación o vulneración de derechos durante los procedimientos de control migratorio.
República Dominicana mantiene política de deportaciones
El pronunciamiento ocurre en medio de la política de control migratorio implementada por el Gobierno dominicano desde octubre de 2024, cuando anunció un plan orientado a repatriar hasta 10,000 ciudadanos haitianos en condición irregular por semana.
De acuerdo con cifras oficiales citadas en el reporte, entre enero y julio de 2026 fueron deportados 250,429 ciudadanos haitianos indocumentados hacia su país de origen.
Estas medidas forman parte de la estrategia gubernamental para controlar la inmigración irregular, en un contexto marcado por la crisis política, económica y de seguridad que atraviesa Haití.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado cuestionamientos sobre determinados procedimientos utilizados durante las detenciones y deportaciones.
Solicitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades
Amnistía Internacional reiteró su llamado a las autoridades dominicanas para que desarrollen una investigación que permita establecer cómo ocurrió el incidente, las circunstancias en que se utilizó el arma de fuego y si existieron actuaciones contrarias a los protocolos legales.
La organización insistió en que las políticas de control migratorio deben ejecutarse dentro del marco de la legislación nacional y los compromisos internacionales de derechos humanos.
Hasta la información disponible en el reporte, no se había comunicado una conclusión oficial sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre posibles responsabilidades individuales.
