Santo Domingo, 24 de abril de 2025. La organización Amnistía Internacional (AI) solicitó al Gobierno de la República Dominicana la suspensión inmediata de las expulsiones colectivas de ciudadanos haitianos, en particular de mujeres embarazadas, al tiempo que pidió la derogación del nuevo protocolo que condiciona el acceso a servicios de salud pública al estatus migratorio del paciente.
El protocolo, que comenzó a aplicarse el lunes en 33 hospitales del país, forma parte de un conjunto de 15 medidas anunciadas el pasado 6 de abril por el presidente Luis Abinader, dirigidas a combatir la inmigración irregular desde Haití. Durante su primer día de implementación, se reportó la detención de 87 mujeres haitianas embarazadas o en trabajo de parto en centros de salud.
Según este reglamento, inspectores y agentes migratorios están autorizados a verificar si los pacientes cuentan con identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y capacidad de pago por los servicios médicos. Quienes no cumplan con estos requisitos recibirán atención médica, pero serán deportados una vez se hayan recuperado.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó en un comunicado que esta medida “no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a las personas sin documentación y disuade a las más vulnerables de buscar atención médica, lo que pone vidas en riesgo”.
Amnistía exhortó al gobierno dominicano a combatir la discriminación racial, garantizar la protección internacional para quienes la necesiten y promover un entorno libre de estigmatización para las comunidades migrantes.
Desde la implementación del protocolo, se ha registrado una drástica disminución de pacientes haitianos en hospitales públicos, especialmente en maternidades. En el Hospital Materno Nuestra Señora de la Altagracia, principal centro obstétrico del país, personal médico confirmó una notable reducción en la presencia de mujeres haitianas. En tanto, el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, en Santo Domingo Norte, no ha reportado intervención alguna desde la entrada en vigor del protocolo.
