El juez Raymundo Mejía determinará si homologa los acuerdos alcanzados con el Ministerio Público, mediante los cuales los acusados buscan reducir sus condenas.
Santo Domingo.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto decidir este lunes si homologa los acuerdos alcanzados entre el Ministerio Público y 14 de los 15 imputados del caso Búfalo NK, una presunta estructura de narcotráfico internacional vinculada por las autoridades con organizaciones criminales de México y Guatemala.
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien deberá determinar si acoge los acuerdos suscritos por el órgano acusador y los imputados, mediante los cuales estos últimos buscan obtener una reducción de sus condenas.
Según el expediente del Ministerio Público, la estructura estaría relacionada con el Cartel de Sinaloa, de México, y con Los Lorenzana, organización criminal de Guatemala. Las autoridades atribuyen a la red operaciones de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos conexos.
La investigación vincula a la organización con 12 operaciones de narcotráfico internacional, seis de las cuales fueron frustradas por las autoridades y permitieron la incautación de 1,824 kilogramos de cocaína.
Red habría movilizado hasta seis toneladas de cocaína al año
De acuerdo con la acusación, Búfalo NK operaba desde 2019 y tenía capacidad logística y financiera para movilizar hasta seis toneladas de cocaína anualmente, principalmente desde Colombia y Venezuela hacia República Dominicana, para posteriormente distribuir los cargamentos hacia Estados Unidos y Puerto Rico.
La estructura habría utilizado embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas tipo “go fast”, teléfonos satelitales y sistemas de comunicación encriptados para desarrollar sus operaciones.
El Ministerio Público identifica a Isidoro Rotestán Clase como uno de los principales cabecillas de la organización, junto a Rafael Ynoa Santana.
Según la acusación, Rotestán Clase se encargaba de coordinar y financiar operaciones de narcotráfico y presuntamente autorizaba pagos de sobornos a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de la Armada de República Dominicana para facilitar el tránsito de los cargamentos.
Mientras, Ynoa Santana habría coordinado transacciones junto a Juan Carlos López Macías, alias “Sobrino”, señalado por las autoridades como una persona con presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y Los Lorenzana.
Empresas señaladas en supuesto esquema de lavado
La acusación también identifica a varias personas como presuntos testaferros de la organización y sostiene que las empresas Mariscos del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L. habrían sido utilizadas para lavar recursos provenientes de actividades ilícitas.
De los integrantes procesados en el caso, queda pendiente Joelvis Idelfonso Montero Pérez, quien actualmente cumple una condena de 120 meses de prisión por narcotráfico en Puerto Rico.
Según el expediente, Montero Pérez habría tenido la responsabilidad de recibir cargamentos en Puerto Rico junto a otros contactos de la organización. Una vez concluya su condena en esa jurisdicción, deberá responder por las acusaciones que pesan en su contra en República Dominicana.
El juez Raymundo Mejía había aplazado el pasado 13 de julio la decisión para permitir que el Ministerio Público y los imputados concluyeran las negociaciones relacionadas con los acuerdos.
