Los implicados buscan que sean revocadas las condenas de hasta diez años de prisión, mientras el Ministerio Público solicita que se mantenga la sentencia
Santo Domingo.– La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional tiene previsto decidir este viernes si acoge o rechaza los recursos presentados por varios condenados en el caso Gavilán, una estructura señalada de alterar y eliminar antecedentes penales de la base de datos del Ministerio Público a cambio de sobornos.
El tribunal, presidido por el juez Pedro Sánchez, se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos presentados tanto por los abogados de los condenados como por el Ministerio Público.
Las defensas solicitaron a la corte revocar las sentencias y disponer la absolución de sus representados. En cambio, el órgano acusador pidió rechazar los recursos de apelación y confirmar las condenas impuestas.
Cuatro condenados a diez años apelaron
Entre quienes recurrieron la sentencia se encuentran Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Gilberto Mercedes Gómez y Luis Peña Cedeño, todos condenados a diez años de prisión.
Las sentencias fueron dictadas el 28 de agosto de 2025 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra estos y otros implicados en el expediente.
¿En qué consistía el caso Gavilán?
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la estructura operaba mediante la manipulación de registros judiciales para eliminar o modificar antecedentes penales de personas vinculadas a diferentes delitos.
Según las autoridades, entre los beneficiados figuraban personas condenadas incluso a penas de hasta 30 años de prisión, así como individuos relacionados con sicariato, narcotráfico, violencia de género, delitos sexuales, secuestros y adulteración de bebidas alcohólicas.
El Ministerio Público sostiene que estas modificaciones eran realizadas a cambio de sobornos, permitiendo que los antecedentes de determinadas personas fueran alterados o eliminados de los sistemas oficiales.
Ministerio Público pide mantener las condenas
La acusación establece además que algunos integrantes de la estructura habrían utilizado a familiares y allegados para realizar movimientos económicos, además de adquirir bienes y servicios con recursos provenientes de las actividades ilícitas atribuidas a la red.
Ahora corresponde a los jueces de la Tercera Sala determinar si existen fundamentos para modificar o revocar las condenas, como solicitan las defensas, o si mantienen la decisión original, como reclama el Ministerio Público.
