El tribunal decidirá el próximo 15 de junio si los propietarios de la discoteca serán enviados a juicio de fondo por la tragedia que dejó 236 fallecidos.
Santo Domingo.– A un año y dos meses del colapso de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y conmocionó al país, el proceso judicial continúa sin una decisión definitiva, mientras el Ministerio Público y la defensa de los propietarios mantienen posiciones encontradas sobre las causas que provocaron el derrumbe.
La controversia se centra en dos peritajes técnicos que presentan conclusiones diferentes sobre el origen del colapso ocurrido en abril de 2025.
Por un lado, el informe presentado por el Ministerio Público en septiembre de 2025 concluye que la tragedia era previsible y pudo haberse evitado. Según las autoridades, una de las principales causas fue una sobrecarga estructural en el techo de la edificación, descrita como una “sobrecarga crónica del 123 %” en las vigas postensadas, además de otros factores que habrían contribuido al desplome.
Sin embargo, la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y responsables del establecimiento, presentó en mayo de este año un peritaje independiente que sostiene una versión distinta.
De acuerdo con ese informe, el colapso no habría sido provocado por una sobrecarga estructural, sino por fallas ocultas de construcción y un deterioro progresivo desarrollado durante años, factores que, según la defensa, no eran visibles ni previsibles.
Decisión clave el 15 de junio
El próximo 15 de junio, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá la decisión sobre si el caso será enviado o no a juicio de fondo.
La audiencia estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien evaluará las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los imputados.
El abogado penalista Félix Portes explicó que esta etapa del proceso tiene como propósito analizar la suficiencia de las pruebas aportadas por las partes, incluyendo el más reciente informe técnico presentado por los propietarios de la discoteca.
Según indicó, el tribunal deberá determinar si existen elementos suficientes para abrir un juicio, definir la calificación jurídica de los hechos y establecer cuáles pruebas serán admitidas durante la próxima fase procesal.
Asimismo, el juez podría pronunciarse sobre las medidas de coerción que recaerían sobre los imputados en caso de que el proceso continúe hacia un juicio de fondo.
Persisten reclamos de familiares
Mientras el proceso avanza en los tribunales, familiares de las víctimas continúan exigiendo que se determinen responsabilidades por la tragedia.
Las querellas y demandas presentadas incluyen reclamos de indemnización económica, así como solicitudes para que se establezcan sanciones penales contra los responsables.
Algunos juristas han señalado que la acusación podría sustentarse en la figura de homicidio involuntario, aunque será el tribunal quien determine la calificación jurídica correspondiente en las próximas etapas del proceso.
De igual manera, grupos de familiares y afectados han planteado otras iniciativas vinculadas al caso, entre ellas la creación de una comisión de seguimiento y la construcción de un espacio conmemorativo en el terreno donde operó la emblemática discoteca.
A más de un año de la tragedia, la decisión que será emitida el próximo 15 de junio marcará un paso importante en uno de los procesos judiciales de mayor impacto social registrados recientemente en el país.
