Vicepresidente del Conep reconoce postura del gobierno pero advierte que la paralización suscita dudas sobre criterios y evidencia
SANTO DOMINGO. — César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), expresó su desacuerdo con la decisión presidencial de detener cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero, dispuso que genera interrogantes sobre el respeto a procesos institucionales claros y sustentados en evidencia técnica y jurídica.
En una publicación en sus redes sociales, Dargam reconoció la trayectoria del presidente Luis Abinader en una gestión caracterizada por “concertación, prudencia, sensibilidad y empatía”, pero sostuvo que la paralización del proyecto plantea dudas sobre la consistencia en la toma de decisiones respecto a iniciativas de desarrollo. El empresario demandó que las determinaciones públicas se apoyen en procedimientos transparentes y en la evaluación rigurosa de antecedentes y estudios técnicos.
El anuncio del mandatario ordenó la detención inmediata de cualquier actividad vinculada al proyecto minero Romero, en la provincia San Juan, citando la Ley 64-00 de Medio Ambiente y sus reglamentos: la norma establece que si la población rechaza de manera masiva un proyecto de esa categoría, su viabilidad queda comprometida. El Gobierno aclaró que, bajo la administración actual, la iniciativa apenas se encontraba en fase de evaluación ambiental y que no existía autorización para explotación.
Dargam recordó la cronología del expediente: las concesiones de exploración se otorgaron inicialmente en 2005 y fueron reiteradas en 2010; en 2015 y 2018 se autorizaron estudios técnicos que definieron el alcance del proyecto. Para el representante del sector privado, esos antecedentes deben ser tomados en cuenta y evaluados con rigor técnico y legal antes de adoptar medidas que afecten inversión y expectativas de desarrollo regional.
El vicepresidente del Conep también subrayó la posibilidad de desarrollar una minería responsable en la República Dominicana, siempre que se garantice un equilibrio entre aspectos sociales, ambientales y económicos, y que los procesos de consulta y decisión sean claros, participativos y basados en evidencia. Instó a que las instituciones competentes fortalezcan mecanismos de información y diálogo con las comunidades y los actores privados para evitar incertidumbres y conflictos.
La detención del Proyecto Romero reabre el debate sobre criterios de gobernanza en proyectos extractivos, requisitos de participación ciudadana, cumplimiento de la normativa ambiental y el papel del Estado en conciliar desarrollo económico con protección ambiental y social. Fuentes del sector y analistas siguen de cerca los pasos administrativos que adoptará el Gobierno para formalizar los alcances de la suspensión y las medidas de seguimiento.
