Santo Domingo, 26 de junio de 2025. – La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) alertó sobre la delicada situación financiera que atraviesan los centros de salud privados del país, lo que ha llevado al cierre de 26 clínicas en los últimos años. Entre las causas destacan las bajas tarifas pagadas por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el aumento sostenido de los costos operativos, los efectos acumulados de la inflación y el alza en los precios de la energía eléctrica.
Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el presidente de Andeclip, Rafael Mena, junto a los vicepresidentes Marino Pérez (Región Norte), Miguel Russo (Región Este) y el secretario Fausto Hernández, expusieron los principales desafíos del sector.
Mena señaló que desde la implementación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, las clínicas han experimentado una inflación del 109 %, mientras que los ajustes en las tarifas apenas han oscilado entre el 35 y 40 %. En este contexto, Andeclip solicita un aumento inmediato del 30 % en las tarifas que pagan las ARS, dado que el 96 % de sus pacientes proviene del régimen contributivo de salud.
“El sistema está provocando el colapso de nuestras instituciones. Si no se hacen cambios, el capital financiero terminará absorbiendo todas las clínicas del país”, advirtió Mena.
Asimismo, los directivos denunciaron que el sector privado brinda atención a aproximadamente el 50 % de la población, pero no cuenta con representación en el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Actualmente, operan 138 clínicas con una nómina que supera los 30,000 médicos y enfermeras.
Marino Pérez explicó que los pocos ajustes tarifarios solo han beneficiado áreas específicas como las imágenes diagnósticas, mientras se mantienen congeladas tarifas para laboratorios, quirófanos y materiales gastables, a pesar del aumento general de costos. Indicó que, durante la pandemia del COVID-19, el 85 % de los pacientes en cuidados intensivos fue atendido en clínicas privadas, reafirmando su responsabilidad en el sistema.
Por su parte, Miguel Russo expuso los riesgos financieros que enfrentan los centros por procedimientos no cubiertos y demoras en los pagos. “Un solo paciente con neumonía puede generar gastos diarios de hasta RD$20,000. Si la ARS no reconoce el tratamiento, la clínica asume toda la carga”, explicó. Añadió que las ARS pagan a sus proveedores con regularidad, pero las clínicas reciben pagos con retrasos de hasta tres meses.
Fausto Hernández reconoció los logros de la Ley 87-01, como la atención de emergencia sin costo y el acceso a centros privados para personas humildes. Sin embargo, advirtió que el sistema nació sin recursos suficientes, lo que llevó a establecer un plan básico limitado, obligando a los pacientes a cubrir diferencias que, en muchos casos, no pueden pagar.
En ese sentido, planteó que el Congreso debe modificar la legislación para garantizar la sostenibilidad del sistema y permitir una indexación anual de las tarifas conforme a la inflación oficial del Banco Central.
“Queremos que nuestra voz sea escuchada, no para confrontar, sino para construir un sistema que funcione mejor para todos los dominicanos”, concluyó Rafael Mena.
