El gremio empresarial considera que proyectos de alto impacto requieren mayor discusión para evitar vacíos legales y fortalecer la seguridad jurídica.
Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) manifestó su preocupación por el ritmo acelerado con el que el Congreso Nacional ha aprobado recientemente varias iniciativas legislativas de alto impacto, al considerar que estos procesos deben contar con un debate más amplio antes de su sanción definitiva.
El vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargam, advirtió que la utilización recurrente de la declaratoria de urgencia para conocer proyectos de ley podría limitar el análisis técnico y ciudadano de normativas con importantes implicaciones para el país.
Durante una entrevista en el programa Hoy Mismo, Dargam señaló que la discusión legislativa debe diferenciar entre los temas que requieren una respuesta inmediata y aquellos que, por su trascendencia, ameritan un proceso más profundo de evaluación.
“El gran debate es si estamos teniendo la capacidad de distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante y estratégico para el futuro institucional del país”, expresó.
Piden mayor discusión
El representante del sector empresarial indicó que, desde el pasado 11 de junio, el Congreso ha conocido y aprobado diversas iniciativas en un corto período de tiempo, debido a la cercanía de plazos legislativos que han obligado a acelerar su conocimiento mediante la figura de urgencia.
A juicio del CONEP, esta dinámica incrementa el riesgo de que las leyes sean promulgadas con vacíos, inconsistencias o disposiciones que posteriormente requieran correcciones.
Dargam citó como ejemplo proyectos de gran relevancia, entre ellos el Código Penal y la Ley de Residuos Sólidos, al considerar que su alcance exige un análisis amplio y consensuado.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades y al liderazgo político para habilitar espacios de revisión y diálogo antes de la entrada en vigor de aquellas normativas que aún presentan aspectos susceptibles de mejora.
El ejecutivo sostuvo que un proceso legislativo más participativo contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica y ofrecer mayor certeza tanto a los ciudadanos como a los distintos sectores productivos del país.
