Santo Domingo, Rep. Dominicana. 7 de febrero del 2026. – El sector de la seguridad social en la República Dominicana enfrenta una nueva crisis institucional tras el anuncio de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) de llevar ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la Resolución 624-01, emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). La acción legal busca la anulación total de la normativa que redefine la distribución del per cápita que reciben las administradoras, basándose ahora en un perfil diferenciado por edad y sexo.
El núcleo de la disputa radica en que el nuevo modelo plantea una redistribución de los fondos del Sistema Dominicano de Seguridad Social para favorecer a aquellas ARS que cuentan con una mayor proporción de afiliados de avanzada edad, mujeres en etapa reproductiva y personas en condiciones de vulnerabilidad, sectores que históricamente demandan mayor volumen de fármacos y atenciones médicas.
Sin embargo, ADIMARS sostiene que esta medida castiga financieramente a las administradoras cuyas carteras están compuestas mayoritariamente por hombres y jóvenes, quienes, al presentar una menor utilización de servicios, generarían menores ingresos para estas entidades bajo el nuevo esquema. El gremio ha advertido de manera categórica que la aplicación de la resolución no solo mermaría los niveles de rentabilidad administrativa, sino que podría derivar en una situación de quiebra técnica para varias de sus asociadas, comprometiendo la estabilidad de todo el sistema.
Más allá de la viabilidad financiera de las empresas, el recurso de impugnación señala peligros directos para los usuarios. ADIMARS alerta que la incertidumbre generada por la Resolución 624 podría paralizar la incorporación de más de 40 nuevos medicamentos de alta prioridad en el Catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS). Asimismo, se ha advertido sobre una supuesta afectación en el financiamiento de tratamientos críticos para pacientes con VIH y tuberculosis, así como en coberturas quirúrgicas especializadas, como la gigantomastia.
Por su parte, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha defendido la resolución como un paso necesario hacia la equidad distributiva, argumentando que los recursos deben asignarse donde realmente existe la necesidad de atención.
El Tribunal Superior Administrativo ha citado a las partes para una audiencia el próximo miércoles 11 de febrero a las 9:00 de la mañana. Este juicio marcará un hito en la regulación del sistema de salud dominicano, en momentos donde la ciudadanía demanda una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de sus fondos de seguridad social.
