Santo Domingo, 22 de mayo de 2025 – La propuesta de eliminar el apartado que regula las redes sociales en el proyecto de reforma a la Ley 61-32 ha reavivado el debate en el Congreso Nacional. La controversia surgió tras las declaraciones del presidente de la Comisión designada por el Poder Ejecutivo, Namphi Rodríguez, quien sugirió excluir ese componente para fomentar un mayor consenso social.
En contraposición, otros miembros de la comisión ejecutiva, como el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez, y el jurista Eric Raful, defendieron la necesidad de mantener la reglamentación digital. Ambos sostienen que es fundamental establecer un marco legal para las plataformas digitales, garantizando así derechos tanto para los usuarios como para los creadores de contenido.
Durante la reunión de la comisión especial del Senado, Henríquez afirmó que “el Congreso debe mantener este tipo de controles”, y resaltó que los derechos de quienes producen contenido digital están también amparados. Por su parte, Raful señaló que eliminar dicha regulación “no es conveniente”, y abogó por conservarla dentro del proyecto.
Rodríguez, sin embargo, planteó la posibilidad de adoptar un modelo de regulación diferenciado en lugar de uno convergente, lo que permitiría un mayor respaldo por parte de la ciudadanía. Además, entregó a los legisladores un glosario con definiciones específicas sobre los términos vinculados a redes sociales incluidos en la propuesta.
El proyecto, elaborado por expertos honoríficos del Gobierno, contempla también la creación del Instituto Nacional de Comunicaciones (INACOM), en sustitución de la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
A raíz de la preocupación generada por esta propuesta entre influenciadores y usuarios, la senadora Aracelis Villanueva, presidenta de la comisión especial, informó que están abiertos a recibir a ciudadanos interesados en manifestar inquietudes e incluso realizar vistas públicas si es necesario.
El senador Félix Bautista también intervino para aclarar que el proyecto no busca limitar derechos, sino regularlos como establece la Constitución. “La libertad de expresión, como derecho fundamental, debe ser objeto de regulación por ley”, afirmó.
Cabe recordar que, según el artículo 112 de la Constitución, los derechos fundamentales deben ser regulados mediante leyes orgánicas, que requieren el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras. Las leyes ordinarias, por el contrario, se aprueban por mayoría absoluta.
La decisión final sobre la inclusión o no de la regulación digital quedará en manos de la comisión especial del Senado, que deberá presentar el texto definitivo para su votación en el pleno legislativo.
