A través de la circular IN-CGR-CIR-2026-0004, se imponen nuevos requisitos técnicos para identificar a los beneficiarios de operaciones de “factoring” y asegurar el cumplimiento de retenciones fiscales
La Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en marcha un nuevo esquema de regulación técnica para los pagos estatales vinculados a la transferencia de derechos de cobro a terceros. Mediante la circular IN-CGR-CIR-2026-0004, el organismo fiscalizador establece directrices estrictas para todas las instituciones del Estado que gestionan contratos de obras, bienes y servicios bajo modalidades de cesión de crédito o “factoring”.
La disposición, bajo la firma del contralor Geraldo Espinosa, determina que ninguna entidad pública podrá autorizar desembolsos a favor de terceros si estos no figuran previamente en el registro de beneficiarios de la Tesorería Nacional y en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef). El objetivo primordial de esta medida es erradicar la opacidad en la cadena de pagos y garantizar que cada transacción sea rastreable desde su origen hasta su destino final.
Mecanismos de imputación y retenciones de ley
La normativa técnica detalla que el proceso contable debe mantener la integridad de las obligaciones tributarias originales. En este sentido, el sistema registrará el pago inicialmente a nombre del contratista primario, aplicando todas las retenciones impositivas que dicte la ley dominicana. Una vez cumplido este paso, el monto neto cedido será transferido al cesionario bajo la categoría de “beneficiario deductor”.
Este procedimiento asegura que, a pesar de que el derecho al cobro sea transferido a una entidad financiera o a un tercero, el Estado cumpla con su rol de agente de retención sobre el contrato original, evitando posibles evasiones o confusiones en la ejecución presupuestaria.
Extensión de lineamientos y fiscalización rigurosa
El contralor Espinosa advirtió que las unidades de auditoría interna tienen instrucciones precisas de devolver cualquier expediente que carezca de la documentación o el registro adecuado. Asimismo, el documento oficial recomienda a los gobiernos locales (ayuntamientos) y entidades autónomas que no dependen del sistema Sigef, integrar estas prácticas en sus plataformas internas para uniformar la calidad de la información financiera en todo el sector público.
Esta acción regulatoria se inscribe dentro del programa de fortalecimiento del control interno, orientado a elevar la transparencia en la gestión de pasivos del Estado y proteger la pulcritud de las operaciones financieras gubernamentales frente a las dinámicas del mercado de créditos.
