El tribunal rechazó la mayoría de los recursos presentados por las defensas en la Operación Cobra 2.0-A. Elsa De la Rosa Vásquez fue la única beneficiada con una modificación de su medida de coerción.
Santo Domingo, RD. – La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra siete de los ocho imputados que solicitaron la revisión de sus medidas de coerción en el caso Cobra 2.0-A, una investigación sobre una presunta red de corrupción administrativa que habría provocado un desfalco de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión mantiene privados de libertad a la mayoría de los procesados que recurrieron ante el tribunal, mientras que Elsa De la Rosa Vásquez recibió una variación de su medida, pasando de prisión preventiva a arresto domiciliario con vigilancia mediante grillete electrónico.
El tribunal estuvo integrado por los magistrados Ysis Muñiz, quien lo presidió, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, quienes evaluaron los argumentos presentados por las defensas y las posiciones del Ministerio Público.
Siete imputados continuarán cumpliendo prisión preventiva
La decisión judicial mantiene la prisión preventiva contra Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Wander Manuel Díaz Encarnación, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Los abogados de los procesados habían solicitado la sustitución de la prisión preventiva por medidas menos restrictivas, alegando, entre otros elementos, que sus representados contaban con vínculos familiares, laborales, económicos y sociales suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Sin embargo, los jueces consideraron que el arraigo de una persona no constituye, por sí solo, un elemento determinante para descartar la prisión preventiva.
La corte estableció que también deben evaluarse otros factores, como la gravedad de los hechos investigados, los daños atribuidos a las conductas imputadas, el perjuicio económico que eventualmente deba ser reparado y las posibles sanciones previstas en la legislación penal.
Elsa De la Rosa Vásquez cumplirá arresto domiciliario con grillete electrónico
La única modificación aprobada por el tribunal correspondió a Elsa De la Rosa Vásquez, quien dejará de cumplir prisión preventiva para permanecer bajo arresto domiciliario y supervisión electrónica.
Al concluir la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que la decisión estuvo relacionada con circunstancias particulares evaluadas durante el conocimiento del recurso.
Según Camacho, la imputada admitió ante el tribunal hechos que anteriormente había negado en otras instancias judiciales.
El representante del Ministerio Público aclaró que la nueva medida continúa siendo restrictiva de la libertad, debido a que la procesada deberá permanecer en su domicilio bajo vigilancia electrónica.
La variación no representa una absolución ni una decisión sobre su responsabilidad penal definitiva, ya que el proceso judicial continúa en desarrollo.
Ministerio Público sostiene acusaciones por presunta corrupción en SeNaSa
La Operación Cobra 2.0-A investiga una supuesta estructura dedicada al desvío irregular de recursos del Seguro Nacional de Salud mediante distintos mecanismos que habrían afectado el patrimonio de la institución.
De acuerdo con las imputaciones del Ministerio Público, entre las prácticas investigadas figuran la facturación de servicios médicos que presuntamente nunca fueron realizados, la utilización irregular de identidades de afiliados y el acceso indebido a bases de datos.
El expediente también contempla presuntos delitos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación de documentos, sobornos y lavado de activos.
Estas acusaciones forman parte de la investigación penal y deberán ser demostradas ante los tribunales, respetando el derecho de defensa y la presunción de inocencia de los procesados.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y otros integrantes del equipo de fiscales.
Otros procesados permanecen bajo distintas medidas de coerción
La investigación incluye a otros imputados que actualmente cumplen arresto domiciliario, garantías económicas e impedimentos de salida del país, según las decisiones judiciales adoptadas en etapas anteriores del expediente.
Entre quienes se encuentran bajo arresto domiciliario figuran Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Otros ocho procesados también están sujetos a medidas de coerción que incluyen restricciones de movilidad y garantías económicas.
La existencia de diferentes medidas responde a las evaluaciones judiciales realizadas sobre las circunstancias individuales de cada imputado, sin que estas constituyan una determinación definitiva de culpabilidad.
Tribunal también revisará coerción de Santiago Hazim
De manera paralela, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto conocer este jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y a otros seis imputados vinculados a otra parte de la investigación.
La audiencia estará a cargo del juez Deiby Peguero y forma parte de las actuaciones judiciales relacionadas con las presuntas irregularidades administrativas investigadas en la aseguradora estatal.
El caso SeNaSa continúa bajo seguimiento judicial debido a la naturaleza de las acusaciones, la cantidad de personas involucradas y el presunto impacto de las operaciones investigadas sobre los recursos públicos destinados a la cobertura de salud.
La ratificación de las medidas de coerción permite que el proceso continúe mientras las autoridades judiciales conocen las actuaciones correspondientes y se determina la eventual responsabilidad penal de los acusados.
