Jueces de La Haya encuentran “motivos sustanciales” para juzgar al expresidente filipino por asesinatos en sus campañas antidroga
LA HAYA. – En una decisión histórica, un panel de tres jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó de manera unánime los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. El tribunal determinó que existen pruebas suficientes para creer que el exmandatario fue responsable de una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales durante su gestión como alcalde de Davao y su presidencia (2016-2022).
La resolución de 50 páginas establece que Duterte “desarrolló, difundió e implementó” una estrategia destinada a “neutralizar” a presuntos criminales. Según la fiscalía, estas órdenes resultaron en miles de muertes ejecutadas por la policía y escuadrones de la muerte, con cifras que oscilan entre los 6,000 reportados oficialmente y hasta 30,000 víctimas según organismos de derechos humanos.
Rechazo de la defensa y jurisdicción
El equipo legal de Duterte, encabezado por el abogado Nick Kaufman, manifestó su decepción ante el fallo, argumentando que la decisión se basa en testimonios no corroborados de “asesinos confesos”. Previamente, los jueces de apelación habían rechazado un intento de la defensa por desestimar el caso bajo el argumento de que la CPI no tenía jurisdicción tras la salida de Filipinas del organismo en 2018.
A pesar de que el expresidente, de 81 años, ha renunciado a su derecho de comparecer en las audiencias y permanece bajo arresto en su país desde el año pasado, el tribunal dictaminó recientemente que se encuentra en condiciones de salud adecuadas para enfrentar el proceso judicial.
Reacciones internacionales
El anuncio ha sido recibido con júbilo por familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos. Maria Elena Vignoli, de Human Rights Watch, calificó el inicio del juicio como un “mensaje poderoso” de que nadie está por encima de la ley. Por su parte, familias de los fallecidos señalaron que este paso representa la primera oportunidad real de que sus historias sean escuchadas ante la justicia internacional.
Aún no se ha fijado una fecha definitiva para el inicio del juicio, pero los fiscales de la CPI han calificado la decisión como un hito significativo en la búsqueda de rendición de cuentas por las muertes ocurridas durante la polémica guerra contra las drogas en el país asiático.
