El auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo fortalece su posición dentro del partido y reabre el debate sobre las candidaturas presidenciales.
Santo Domingo.– La decisión judicial que favorece al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, con un auto de no ha lugar en el caso Calamar ha generado nuevas lecturas dentro del escenario político nacional y particularmente en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde su figura vuelve a cobrar protagonismo de cara al proceso electoral de 2028.
El fallo emitido por la jueza Altagracia Ramírez elimina, al menos de manera provisional, uno de los principales obstáculos que limitaban las aspiraciones políticas de Castillo, quien recientemente oficializó sus intenciones de participar en el proceso interno de la organización morada.
La decisión judicial se produce en un contexto marcado además por la reciente restitución de su visado estadounidense, situación que ha sido interpretada por sectores políticos como un elemento que fortalece su proceso de rehabilitación pública y política.
Aunque el Ministerio Público todavía podría recurrir la decisión, analistas consideran que el escenario interno del PLD cambia significativamente tras el fallo, debido a que Gonzalo Castillo mantiene reconocimiento nacional, estructura política y vínculos con importantes sectores del partido.
Hasta el momento, dirigentes como Francisco Javier García y Abel Martínez figuraban entre las principales opciones presidenciales dentro de la organización opositora, luego de la derrota electoral sufrida en 2020.
Sin embargo, la posible participación activa de Castillo en la contienda interna podría modificar el equilibrio político dentro del PLD y generar nuevas dinámicas entre los distintos sectores de la organización.
La jueza Altagracia Ramírez favoreció con auto de no ha lugar a Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados vinculados a una de las líneas investigativas del expediente Calamar, mientras que dispuso apertura a juicio de fondo contra otros acusados, entre ellos Donald Guerrero y Ángel Lockward.
Según las investigaciones del Ministerio Público, el caso Calamar abordaba presuntas irregularidades relacionadas con pagos de expropiaciones y alegados desvíos de recursos públicos.
No obstante, el tribunal entendió que no existían elementos suficientes para sostener la acusación relacionada al supuesto uso de fondos ilícitos para financiar actividades políticas vinculadas a la campaña electoral de 2020.
El caso continúa siendo uno de los expedientes de mayor impacto político y judicial de los últimos años en República Dominicana, debido a las figuras públicas y exfuncionarios vinculados a la investigación.
