Santo Domingo, Rep. Dominicana. 13 de febrero del 2026. El equipo legal del mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre, vinculado a los procesos de presunta corrupción administrativa Coral y Coral 5G, ha solicitado formalmente al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la desestimación de los cargos en su contra y la declaración de su absolución total.
Tras agotar dos jornadas de alegatos, la defensa técnica argumentó que el órgano acusador no logró acreditar la responsabilidad penal de su representado en el supuesto entramado que operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep). En consecuencia, los abogados peticionaron el levantamiento de toda medida de coerción personal y la restitución inmediata de los bienes muebles e inmuebles incautados durante el proceso.
Cuestionamiento a la acusación civil
En el ámbito civil, los juristas solicitaron el rechazo íntegro de la querella interpuesta por el Estado Dominicano el 18 de febrero de 2022. La defensa calificó las pretensiones de indemnización como “improcedentes, infundadas y carentes de base fáctica”, sosteniendo que durante el juicio se ha verificado la no comisión de los delitos imputados.
Asimismo, los abogados Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez, Jesús Ramos y Francisco Álvarez Aquino solicitaron que el tribunal imponga al Estado y a la parte querellante el pago de las costas procesales del juicio.
Contexto de las solicitudes del Ministerio Público
Pese a los argumentos de la defensa, el Ministerio Público, representado por la magistrada Mirna Ortiz, mantiene su postura de culpabilidad. La pasada semana, la fiscalía solicitó formalmente:
“20 años de cárcel para Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Bautista, Franklin Antonio Mata Flores y Rafael Núñez de Aza, además del pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.”
El órgano persecutor sostiene que la estructura desvió más de RD$4,500 millones de fondos públicos pertenecientes al Cusep, Cestur y Conani entre 2012 y 2020. El proceso judicial ha sido aplazado por las magistradas para dar paso a las conclusiones de las defensas de los demás imputados en el caso.
