Santo Domingo, República Dominicana, 03 de febrero del 2026. Agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en coordinación con el FBI y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de New Haven (HSTF), detuvieron a seis personas vinculadas a una organización dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y armas de fuego que operaba en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey, presuntamente coordinada desde la República Dominicana por un ciudadano dominicano residente en el país.
Los arrestados fueron identificados como Manolin Vargas D’Olón, alias “Robelin” (30); Giovanni Benoit (41); Álvaro Pérez (40); Anderson Amador Nova (35); Ángel Vásquez, alias “Bebo” (36); y Andy Martínez (46). Según la fiscalía federal del Distrito de Connecticut, la red distribuía estupefacientes y armamento mediante una cadena de redistribuidores en varias ciudades del noreste estadounidense.
La pesquisa incluyó más de 30 compras controladas que permitieron la incautación de más de un kilogramo de fentanilo, más de 200 gramos de metanfetamina y al menos 17 armas de fuego. Los análisis de laboratorio detectaron que parte del fentanilo estaba mezclado con bromazolam, una benzodiazepina sintética cada vez más relacionada con sobredosis fatales.
Documentos judiciales indican que el presunto cabecilla habría afirmado tener la capacidad de ordenar actos violentos contra personas en territorio estadounidense. El 9 de diciembre de 2025, un gran jurado federal en New Haven presentó una acusación formal de 15 cargos contra los seis imputados, que incluyen conspiración para distribuir fentanilo y metanfetamina, así como múltiples delitos por tráfico ilegal de armas.
De resultar condenados, Vargas D’Olón enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua; Benoit, Pérez y Amador Nova podrían recibir entre 5 y 40 años de prisión; y Vásquez hasta 20 años. Las imputaciones por tráfico de armas conllevan penas adicionales de hasta 15 años por cada cargo.
Asimismo, tras un arresto estatal en mayo de 2025, el análisis forense de un teléfono incautado a Vargas D’Olón reveló videos e imágenes de pornografía infantil almacenados en cachés de la aplicación de mensajería encriptada Telegram. Por este hallazgo se presentó una acusación separada por posesión de pornografía infantil, delito que contempla hasta 20 años de prisión.
En la audiencia federal, Vargas D’Olón, Pérez, Amador Nova y Vásquez permanecen detenidos; Benoit y Martínez fueron liberados bajo fianza y cumplen arresto domiciliario. El fiscal federal David X. Sullivan recordó que una acusación no constituye prueba de culpabilidad y que los imputados se presumen inocentes hasta que se dictamine lo contrario.
El caso forma parte de las operaciones del HSTF, iniciativa orientada a desarticular redes criminales transnacionales y combatir el tráfico de drogas, armas y delitos que involucren a menores mediante la coordinación interinstitucional federal.
