Magistrada Ysis Muñiz dispone el traslado del imputado Aurelio Valdez Alcántara al centro correccional de Najayo
La jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción al procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara. El funcionario es procesado por su presunta vinculación en la recepción de un soborno de US$10,000 por parte de un testigo relacionado con la investigación de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), expediente denominado por las autoridades como operación “Cobra”.
El tribunal determinó que el imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal. El Ministerio Público, que solicitaba inicialmente 12 meses de prisión preventiva, imputa a Valdez Alcántara los delitos de soborno, concusión de funcionario y actos de corrupción administrativa en el ejercicio de sus funciones legales.
De acuerdo con las investigaciones presentadas en el expediente, los hechos se habrían originado el pasado 13 de marzo, cuando el fiscal se reunió con el testigo Roberto Canaán en el estacionamiento de una plaza comercial de la capital. Se alega que el funcionario utilizó información privilegiada para ejercer presión sobre el testigo, proponiendo la alteración del curso del proceso judicial a cambio de beneficios económicos.
El pliego de acusaciones sostiene que el fiscal realizó una exigencia inicial de US$200,000, suma que posteriormente se negoció hasta los US$150,000. Además, el expediente detalla que el imputado habría manifestado interés en recibir un reloj de lujo y un vehículo de alta gama, condicionando la estabilidad jurídica del testigo al cumplimiento de estos requerimientos.
El arresto de Valdez Alcántara se produjo el 27 de marzo tras un allanamiento en su residencia, operativo que incluyó una entrega vigilada del dinero del soborno. Según el Ministerio Público, el procurador fiscal utilizaba su posición para manipular investigaciones bajo su cargo.
Roberto Antonio Canaán Acta, quien realizó el pago del soborno, es una pieza clave en el caso que también involucra al exdirector de SENASA, Santiago Hazim, quien actualmente cumple prisión preventiva en el centro de Las Parras por presuntas irregularidades durante su gestión frente a la entidad estatal.
