Santo Domingo Este, 29 de mayo de 2025.- El diputado Juan José Rojas, representante del municipio de Santo Domingo Este, depositó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Orgánica de Referendo, una iniciativa que busca regular de manera integral los mecanismos de participación directa establecidos en la Constitución dominicana. La propuesta tiene como objetivo garantizar que el pueblo dominicano pueda incidir directamente en los asuntos de interés nacional mediante referendos, plebiscitos e iniciativas legislativas populares.
La pieza legislativa establece procedimientos detallados y requisitos específicos que dotan de carácter vinculante a estos mecanismos de participación ciudadana. Entre los aspectos más relevantes se destacan:
- Eliminación de barreras restrictivas: cualquier mecanismo podrá activarse con el respaldo del 2% del padrón electoral, permitiendo a los ciudadanos proponer reformas constitucionales, proyectos de ley y plebiscitos.
- Sometimiento directo al referendo: las reformas constitucionales impulsadas por iniciativa popular se someterán directamente a referendo constitucional aprobatorio, sin necesidad de aprobación previa por la Asamblea Nacional Revisora.
- Requisitos para la validez del referendo: será necesario que más del 50% de los sufragantes vote afirmativamente y que al menos el 30% del padrón electoral haya participado, sumando los votos por “sí” y por “no”.
- Plazo de reglamentación: la Junta Central Electoral deberá implementar los procedimientos establecidos en un plazo de 120 días tras la promulgación de la ley.
“El referendo no debe ser un adorno democrático, sino una herramienta real y vinculante para la voluntad popular”, afirmó Rojas durante el depósito del proyecto.
El diputado estuvo acompañado por el congresista Abelardo Rutinel, coproponente del proyecto y representante de la circunscripción número 1 de la provincia Santo Domingo.
La iniciativa será enviada a las comisiones correspondientes para su evaluación y discusión. De ser aprobada, fortalecería la democracia participativa en la República Dominicana, garantizando el ejercicio pleno de los derechos constitucionales del pueblo dominicano.
