El juez Franni González decidirá este viernes 16 de octubre si modifica la calificación jurídica del proceso contra Antonio y Maribel Espaillat. De aceptar la solicitud de los abogados de las víctimas, el juicio tendría que comenzar nuevamente ante un Tribunal Colegiado.
Santo Domingo, República Dominicana. – Los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión si el tribunal acoge la solicitud de modificar la calificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio por dolo eventual, presentada por abogados de las víctimas del desplome del techo del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La decisión estará a cargo del juez Franni González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, quien tiene previsto pronunciarse este viernes 16 de octubre sobre la petición de los representantes legales de las personas afectadas por el hecho, que dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Actualmente, el Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarios. Sin embargo, abogados de varias víctimas consideran que los hechos deben ser examinados bajo una calificación jurídica distinta, tomando en cuenta las circunstancias que, según la acusación, precedieron al colapso de la estructura.
¿Qué implica cambiar la acusación a dolo eventual?
El dolo eventual es una figura jurídica relacionada con situaciones en las que una persona prevé la posibilidad de que su conducta produzca un resultado determinado y, pese a ello, acepta el riesgo de que ocurra.
En el caso Jet Set, los abogados que solicitan el cambio sostienen que los propietarios habrían tenido conocimiento de los problemas estructurales que afectaban el establecimiento y de los riesgos asociados a esas condiciones.
Bajo ese argumento, consideran que la responsabilidad penal atribuida a los imputados no debería limitarse al homicidio involuntario, como establece actualmente la acusación del Ministerio Público.
La diferencia entre ambas calificaciones también tendría consecuencias sobre las posibles sanciones. Mientras la legislación penal citada en el expediente contempla para el homicidio involuntario penas correccionales de tres meses a dos años de prisión, la calificación solicitada por los abogados de las víctimas podría conllevar condenas de hasta 20 años.
No obstante, una eventual modificación de la calificación jurídica no significaría una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de los acusados tendría que determinarse durante el juicio, a partir de las pruebas y los argumentos presentados por las partes.
El juicio podría comenzar nuevamente ante otro tribunal
La decisión del juez González también determinará qué tribunal continuará conociendo el proceso judicial.
Si el magistrado acepta la solicitud de los abogados de las víctimas, deberá desapoderarse del expediente y remitirlo a la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional.
Esta instancia tendría la responsabilidad de designar un Tribunal Colegiado para conocer el juicio de fondo desde su inicio.
El cambio sería necesario debido a que la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional tiene competencia para conocer procesos correspondientes a delitos con penas privativas de libertad de menor duración.
Por el contrario, si el juez mantiene la calificación de homicidio involuntario presentada por el Ministerio Público, el juicio continuará ante la misma sala.
Proceso judicial contra los hermanos Espaillat comenzó en agosto
El juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat comenzó el 28 de agosto de 2026, luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenara la apertura a juicio.
La decisión fue emitida el 15 de junio por el juez Raymundo Mejía, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público al considerar que existían elementos de prueba suficientes para ser debatidos durante el proceso.
En esa etapa judicial también se solicitó modificar la calificación jurídica de los hechos, pero el magistrado rechazó la petición.
Los hermanos Espaillat, propietarios del establecimiento, están representados legalmente por el abogado Miguel Valerio.
El proceso busca establecer las responsabilidades penales relacionadas con el desplome del techo de la discoteca, ocurrido durante una actividad musical la madrugada del 8 de abril de 2025.
Ministerio Público señala problemas estructurales previos al desplome
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el techo de la discoteca Jet Set presentaba problemas estructurales que habrían sido conocidos por los responsables del establecimiento antes de que ocurriera el colapso.
El órgano acusador sostiene que los propietarios recurrieron a reparaciones que considera inadecuadas para atender los desperfectos, presuntamente con el propósito de reducir costos.
Según las investigaciones, estas condiciones quedaron documentadas mediante fotografías, videos, reportes visuales y comunicaciones internas entre empleados del centro nocturno.
El expediente también señala que la estructura habría sido sometida a cargas adicionales por la instalación de equipos de climatización de gran tamaño y depósitos de agua.
Entre los elementos mencionados por el Ministerio Público figuran seis unidades de aire acondicionado, cuyo peso fue estimado en la acusación entre 15 y 20 toneladas por unidad, además de tinacos colocados sobre la edificación.
La institución sostiene que estas instalaciones se realizaron sin estudios técnicos que garantizaran la capacidad de carga del techo.
Según la tesis del órgano acusador, la combinación de esas cargas y los desperfectos estructurales existentes contribuyó al colapso de la edificación.
Estas afirmaciones forman parte de las pruebas y los argumentos que deberán ser examinados durante el proceso judicial, en el que los imputados conservan su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
Familiares de las víctimas mantienen sus reclamos
Los familiares de las personas fallecidas y los sobrevivientes del desplome han continuado dando seguimiento al proceso judicial contra los propietarios del establecimiento.
Entre las manifestaciones realizadas figura una vigilia frente al Palacio de Justicia, donde familiares colocaron 236 sillas vacías en representación de las personas fallecidas.
La solicitud de modificar la calificación jurídica constituye uno de los planteamientos presentados por los representantes legales de las víctimas durante el proceso.
La audiencia de este viernes determinará si el expediente continúa bajo la acusación actual de homicidio involuntario o si pasa a un Tribunal Colegiado para ser conocido nuevamente bajo la calificación de homicidio por dolo eventual.
