Santo Domingo, República Dominicana – 02 de febrero del año 2026. La abogada Stephany Rosario, especializada en compras y contrataciones públicas, derecho societario y desarrollo y gestión de proyectos, cuestionó la entrada en vigencia de la Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, al advertir que su implementación se ha iniciado sin la debida preparación técnica, operativa e institucional, generando elevados niveles de inseguridad jurídica para la Administración pública y los operadores del sistema.
Las consideraciones fueron expuestas en un artículo de opinión publicado en el periódico HOY, en el cual Rosario —quien cuenta con más de cinco años de experiencia profesional en la República Dominicana y los Estados Unidos de América, y estudios de maestría en Administración Pública en la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur— sostuvo que la sola entrada en vigor de un nuevo régimen de contrataciones no garantiza, por sí misma, la modernización institucional ni el fortalecimiento del Estado de derecho.
En su análisis, la jurista explicó que la Ley 47-25 introduce una transformación profunda del sistema estatal de adquisiciones de bienes, servicios y obras, sin que se haya completado una fase mínima de preparación institucional. Señaló la ausencia de manuales generales de procedimientos actualizados, documentos estándar de pliegos de condiciones, modelos homologados de informes técnicos y programas de capacitación formal para las Unidades Operativas de Compras y los Comités de Compras y Contrataciones, responsables directos de aplicar la normativa.
Rosario advirtió que esta carencia de instrumentos obliga a los operadores del sistema a ejecutar la ley bajo un esquema de incertidumbre normativa y operativa, pese a que continúan asumiendo responsabilidad administrativa, civil y penal por cada decisión adoptada. Indicó además que, mientras la ley se encuentra formalmente vigente, en la práctica persisten procedimientos sustentados en el marco de la derogada Ley 340-06, lo que expone los procesos a eventuales objeciones del órgano rector.
Asimismo, cuestionó los alcances de la Resolución Núm. PNP-01-2026, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, al plantear que si bien reconoce la necesidad de una adecuación gradual, genera interrogantes jurídicas sobre la facultad del órgano rector para modular la vigencia efectiva de una ley cuya entrada en vigor fue expresamente definida por el legislador.
La abogada también alertó que la falta de habilitación de nuevas modalidades de contratación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas ha provocado una situación jurídicamente insostenible: una ley vigente pero materialmente inaplicable, lo que incrementa la inseguridad jurídica y ralentiza la ejecución del gasto público en un contexto de desaceleración económica.
Finalmente, Rosario advirtió que una ley técnicamente bien diseñada, pero deficientemente implementada, no fortalece el sistema de contrataciones públicas ni la institucionalidad del Estado. Por el contrario, subrayó que las reformas estructurales requieren procesos de transición claros, acompañamiento técnico efectivo y responsabilidad institucional para garantizar su correcta aplicación.
