El Decreto 403-2026 busca fortalecer la interoperabilidad, reducir la burocracia y facilitar la prestación de servicios digitales a ciudadanos y empresas.
Santo Domingo.– El Poder Ejecutivo emitió el Decreto núm. 403-2026, mediante el cual establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, una normativa orientada a transformar la forma en que las instituciones del Estado intercambian información para ofrecer servicios públicos más ágiles, seguros, integrados y centrados en las necesidades de la ciudadanía.
La disposición regula el intercambio seguro, estandarizado, trazable y oportuno de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre los órganos y entidades gubernamentales, además de establecer las bases para una gestión eficiente de los activos de información bajo custodia del Estado.
Entre los principales objetivos del nuevo marco se encuentran la reducción de la duplicidad documental y de la carga administrativa para ciudadanos, empresas y servidores públicos, el fortalecimiento de la calidad de los datos del Estado y la habilitación de servicios públicos digitales integrados y proactivos que faciliten la interoperabilidad de los sistemas de la administración pública.
Como órgano rector del desarrollo del Gobierno Digital, el Ministerio de Administración Pública (MAP) tendrá la responsabilidad de establecer los lineamientos, normas, estándares y protocolos funcionales de interoperabilidad y gobernanza de datos, definir la arquitectura empresarial de la Administración Pública, supervisar el cumplimiento del decreto y coordinar el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, creado como instancia de articulación estratégica para dar seguimiento a la implementación del marco.
Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) asumirá la operación técnica del marco y de la Plataforma Única de Interoperabilidad, infraestructura diseñada para facilitar el intercambio de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre las instituciones públicas.
El decreto establece que las instituciones públicas deberán priorizar el intercambio de información entre organismos del Estado para evitar solicitar a ciudadanos y empresas documentos o datos que ya reposen en otra entidad gubernamental, con el propósito de simplificar los trámites y reducir la burocracia.
Asimismo, cada institución deberá registrar y mantener actualizados sus registros de datos para facilitar la localización, comprensión y aprovechamiento interoperable de la información pública, manteniendo la titularidad, responsabilidad y control sobre los datos que administra.
Las disposiciones serán de cumplimiento obligatorio para los órganos y entes de la Administración Pública central, descentralizada, desconcentrada y autónoma, así como para las instituciones de la seguridad social y demás entidades estatales que administren registros, sistemas de información, plataformas, servicios digitales o mecanismos de intercambio de datos.
El Decreto 403-2026 dispone que todos los procesos, sistemas y servicios públicos que requieran consultar, validar o verificar información de identidad deberán desarrollarse en coordinación con la Junta Central Electoral (JCE), respetando las competencias constitucionales y legales de ese organismo.
Además, establece que el MAP impulsará, junto con la JCE, mecanismos de colaboración y gobernanza de datos para facilitar la validación de identidad y la verificación de información del Registro Civil en los servicios públicos que así lo requieran.
La normativa también dispone que toda información obtenida mediante interoperabilidad con el Registro Civil solo podrá utilizarse para fines legítimos, previamente determinados y compatibles con las competencias de la institución solicitante, con el propósito de fortalecer la protección de los datos personales y la confianza en los servicios digitales del Estado.
Con la entrada en vigor de esta disposición queda derogado el Decreto núm. 92-22, del 8 de febrero de 2022, que establecía el anterior Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental.
