El estudio de la Brookings Institution detalla el impacto humano de los arrestos fronterizos bajo la administración Trump, afectando principalmente a menores mexicanos, guatemaltecos y hondureños
Una alarmante cifra de 146,635 menores ha sido separada de al menos uno de sus padres tras operaciones de detención migratoria en los Estados Unidos, de acuerdo con un informe reciente publicado por la Brookings Institution. De este total, más de 22,000 niños enfrentan la separación total de ambos progenitores, una situación que se ha intensificado desde el retorno de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025.
El análisis detalla la vulnerabilidad de la población afectada: el 36,5 % de los menores tiene menos de seis años, mientras que otro 36,1 % se encuentra en el rango de los seis a los 12 años, evidenciando una profunda crisis humanitaria en el sistema de control migratorio.
Distribución demográfica y regional
La población mexicana encabeza las estadísticas de afectación con un 53,7 % de los casos, seguida por menores procedentes de Guatemala (15 %) y Honduras (10,7 %). El informe también confirma una incidencia significativa entre otras nacionalidades, incluyendo a familias de origen dominicano residentes en territorio estadounidense.
Geográficamente, el estado de Texas y la capital, Washington D. C., concentran el mayor volumen de detenciones. Según las proyecciones de la Brookings Institution, actualmente hay cerca de 60,000 personas recluidas en centros de detención, mientras que el flujo acumulado de traslados a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) supera ya los 400,000 individuos.
Impacto en familias y niños ciudadanos
El documento advierte sobre las repercusiones a largo plazo para millones de niños que, a pesar de contar con la ciudadanía estadounidense, viven en una condición de riesgo permanente. La institución calcula que aproximadamente 4,6 millones de menores ciudadanos habitan actualmente con al menos un progenitor sujeto a órdenes de deportación. De este grupo, cerca de 2,5 millones enfrentan la posibilidad real de ser separados de ambos padres ante el incremento de las redadas y el endurecimiento de las políticas de control migratorio.
